La politóloga Denise Dresser impulsa una recolección de firmas ciudadanas para solicitar un juicio político contra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante una denuncia que anunció que presentará el martes 3 de noviembre de 2026 ante la Cámara de Diputados.

La convocatoria establece este lunes 2 de noviembre como fecha límite para sumar adhesiones de ciudadanos, académicos y organizaciones civiles. Dresser busca que se investiguen posibles irregularidades cometidas durante la administración de Taddei y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La iniciativa surge después de que Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos relacionados con contrataciones públicas, nombramientos y posibles conflictos de interés dentro del organismo electoral.

Dresser anunció su intención de promover el procedimiento durante una entrevista con Carmen Aristegui el 29 de octubre. Posteriormente, reiteró que entregaría el escrito ante la Cámara de Diputados el 3 de noviembre, acompañado del respaldo ciudadano reunido durante los días previos.

Juicio político contra Taddei podría implicar hasta 20 años de inhabilitación

La denuncia promovida por Dresser busca que las autoridades legislativas examinen la actuación de la exconsejera presidenta del INE y, en caso de acreditarse conductas graves que ameriten una sanción, se aplique el procedimiento establecido en la Constitución.

La convocatoria menciona expresamente la posibilidad de una inhabilitación de hasta 20 años para ocupar cargos públicos, una sanción contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El artículo 110 de la Constitución incluye a la presidencia del INE entre las autoridades que pueden ser sujetas a juicio político. El procedimiento también puede iniciarse dentro del año siguiente a la conclusión de sus funciones.

La presentación de una denuncia no implica que el juicio político haya comenzado ni que exista una determinación de responsabilidad. La Cámara de Diputados debe examinar los señalamientos y las pruebas antes de decidir si corresponde continuar con el procedimiento.

Si el proceso avanza y la Cámara de Diputados formula una acusación, el Senado de la República actúa como jurado de sentencia. Una eventual inhabilitación dependería de la resolución emitida conforme a la legislación aplicable.

Diputados ya habían pedido revisar la gestión de Guadalupe Taddei

La iniciativa ciudadana anunciada por Denise Dresser tiene un antecedente legislativo.

El 28 de octubre, la diputada federal Laura Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las instancias competentes de la Cámara de Diputados a analizar la procedencia de un juicio político contra Guadalupe Taddei, ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia, según el registro del Sistema de Información Legislativa. Ese trámite corresponde a un exhorto parlamentario y no representa la admisión de una denuncia de juicio político.

En la misma fecha, una propuesta de Movimiento Ciudadano solicitó que las autoridades del INE y la Auditoría Superior de la Federación revisaran posibles irregularidades en contrataciones públicas y el ejercicio de recursos del instituto.

Ambos planteamientos se produjeron después de la salida de Taddei, cuya administración había sido cuestionada por investigaciones periodísticas sobre contratos otorgados a empresas proveedoras de materiales electorales.

Renuncia de Taddei abrió transición en la presidencia del INE

Guadalupe Taddei anunció el 25 de octubre que presentaría su renuncia al día siguiente ante la Cámara de Diputados. En su mensaje sostuvo que la decisión respondía a la necesidad de preservar la estabilidad y la credibilidad institucional del organismo electoral.

Tras formalizarse su salida, el Consejo General del INE designó el 27 de octubre a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para nombrar a quien concluirá el periodo correspondiente.

Por su parte, Dresser sostuvo que la renuncia no debía impedir la investigación de las decisiones administrativas tomadas durante la gestión anterior. También pidió revisar la actuación de funcionarios que ocuparon cargos dentro del instituto durante ese periodo.

La solicitud ciudadana tiene prevista su entrega el 3 de noviembre ante la Cámara de Diputados. Hasta el corte informativo de este lunes, las publicaciones consultadas documentaban la convocatoria y el anuncio de presentación, sin confirmar todavía la recepción formal del escrito.

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