La violencia que durante años ha golpeado a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dejó de concentrarse únicamente en homicidios, cobro de piso y narcomenudeo. Las investigaciones recientes de la Fiscalía estatal alcanzaron a figuras que ocuparon puestos dentro del gobierno municipal y de su estructura de seguridad.

El exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y C.A.P.L., conocido como “La Parka”, fueron vinculados a proceso el 29 de septiembre por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Ambos permanecen bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal. 

La Fiscalía investiga posibles relaciones de los imputados con Los Cromos, célula criminal que las autoridades de Oaxaca señalan como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec. La vinculación con esa organización forma parte de las líneas ministeriales y no constituye todavía una sentencia contra las personas involucradas. 

Los Cromos aparecen detrás de extorsiones y homicidios

La investigación sobre Los Cromos se fue construyendo a partir de casos de extorsión, cobro de piso, homicidio, narcomenudeo, secuestro y portación ilegal de armas registrados en la región.

Juchitán ya aparecía desde años atrás como uno de los principales focos de violencia en Oaxaca. Durante 2025 se contabilizaron 88 víctimas de homicidio doloso en el municipio, de acuerdo con datos retomados por la investigación de Emeequis.

Para abril de 2026, la Fiscalía de Oaxaca colocaba a Juchitán en el primer lugar estatal en homicidio doloso y extorsión y en el segundo sitio en narcomenudeo.

El cobro de piso se convirtió en uno de los ejes más sensibles. Comerciantes denunciaron amenazas contra ellos y sus familias para obligarlos a entregar dinero. En uno de los expedientes recientes, dos hombres fueron vinculados a proceso por exigir 60 mil pesos a un comerciante bajo amenazas dirigidas también contra sus hijas.

El mensaje, según la carpeta de investigación, estaba firmado por alguien que se identificaba como “Comandante Cromo”.

La Policía Municipal quedó bajo revisión

La crisis llevó al gobierno de Oaxaca a intervenir en junio de 2025 la Policía Municipal de Juchitán y el Centro de Comando y Control, conocido como C2.

El operativo reunió a corporaciones estatales y federales y tuvo entre sus objetivos revisar al personal municipal, aplicar controles de confianza y reforzar la vigilancia frente a delitos como homicidio, extorsión, secuestro y cobro de piso.

Ese episodio mostró que la estrategia oficial ya no se limitaba a detener integrantes de grupos criminales. También comenzó a revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de combatirlos.

Más de un año después, esa línea adquirió mayor relevancia con la detención del excomisionado de la Policía Municipal J.K.M.S.

La Fiscalía lo acusa de haber brindado presuntamente protección a Los Cromos y de facilitar información relacionada con operativos de seguridad. El 1 de octubre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y la seguridad del Estado. 

La investigación llega al gobierno municipal

El 23 de septiembre, autoridades estatales y federales detuvieron a “Quetu”, entonces presidente municipal de Juchitán, y a “La Parka”.

Dos días después, la Fiscalía solicitó que fueran vinculados a proceso y sostuvo que ambos podrían estar relacionados con Los Cromos. El Ministerio Público atribuyó al entonces alcalde una probable participación en conductas relacionadas con la protección o encubrimiento de actividades delictivas.

El juez resolvió el 29 de septiembre vincular a ambos a proceso.

“Quetu” fue internado en el penal federal del Altiplano, mientras “La Parka” quedó recluido en el Cefereso de Perote, Veracruz.

La resolución judicial significa que el proceso continuará porque un juez consideró que existen elementos suficientes para avanzar a la siguiente etapa. No implica una sentencia condenatoria ni acredita todavía responsabilidad penal definitiva.

El mismo criterio debe aplicarse al excomisionado policial y a cualquier otra persona señalada dentro de la investigación.

Más de 250 detenidos en operaciones contra redes criminales

Las acciones en Juchitán forman parte de una estrategia más amplia desplegada en el Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía reportó a finales de septiembre que Operación Sable acumulaba más de 250 detenciones después de meses de trabajos de inteligencia.

Entre las capturas se encuentran presuntos integrantes de células dedicadas a extorsión, homicidio y narcomenudeo, además de funcionarios o exfuncionarios investigados por posibles conexiones con esas estructuras.

Antes, el gobierno estatal había informado que el denominado Plan Juchitán sumaba 219 detenidos hasta julio: 46 por delitos federales, 101 por ilícitos del fuero común y 72 por faltas administrativas.

Las autoridades también reportaron aseguramientos de armas, drogas, vehículos y dinero.

La Fiscalía sostiene que esas operaciones han debilitado las estructuras delictivas de la región. Los resultados sobre reducción de homicidios y otros delitos son balances oficiales y deben leerse como tales, pues los procesos penales y las investigaciones permanecen abiertos.

Una red que habría rebasado las calles

El caso de Juchitán adquirió una dimensión distinta cuando las investigaciones comenzaron a alcanzar a servidores públicos.

La hipótesis ministerial es que determinadas personas dentro de estructuras municipales habrían facilitado, protegido o encubierto actividades de Los Cromos.

Hasta ahora, eso no permite afirmar que todo el Ayuntamiento o toda la Policía Municipal estuvieran controlados por el crimen organizado.

Las investigaciones se concentran en individuos concretos y deberán establecer qué participación tuvo cada uno.

El reto judicial será definir hasta dónde llegaron esas posibles conexiones y si la organización criminal logró aprovechar información o recursos institucionales para mantener sus actividades.

Mientras los procesos avanzan, Juchitán sigue bajo operativos de seguridad que buscan contener homicidios y extorsiones, dos de los delitos que han marcado al municipio en los últimos años.

De la extorsión a otras economías criminales

Las investigaciones periodísticas también han documentado que el corredor del Istmo es utilizado por redes dedicadas al tráfico y secuestro de migrantes, además de otras actividades ilícitas.

Emeequis ha señalado investigaciones sobre reclutamiento de menores para labores de vigilancia, mensajería, extorsión y otras funciones dentro de estructuras criminales.

Este escenario amplía el problema más allá de una sola organización y muestra la importancia estratégica de Juchitán dentro de las rutas del Istmo.

El dato central, sin embargo, permanece en los procesos judiciales abiertos: un exalcalde, un presunto integrante de Los Cromos y un exmando de la Policía Municipal enfrentan actualmente procedimientos penales mientras las autoridades continúan investigando el alcance de la red.

*OCR