Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles 23 de septiembre junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ambos cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El operativo reunió a elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Oaxaca. La investigación permanece abierta después de las capturas.

Las órdenes judiciales y lo que investiga la autoridad

Los dos delitos mencionados expresamente en las órdenes de aprehensión son extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. García Harfuch agregó que las investigaciones relacionan presuntamente a los detenidos con una estructura dedicada al cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

Las demás conductas señaladas por Harfuch forman parte de las líneas de investigación comunicadas por la autoridad. No equivalen a una sentencia ni permiten atribuir a Sánchez Altamirano responsabilidad penal por cada una de ellas antes de que el caso avance ante un juez.

La Unidad de Inteligencia Financiera también realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación. La información difundida este miércoles no precisó cuántas cuentas fueron alcanzadas ni identificó públicamente a todos sus titulares.

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca contiene en su artículo 165 Quáter el capítulo de delitos contra actos de investigación, actividades de seguridad pública y del Estado. La disposición contempla distintas conductas relacionadas con obtener o proporcionar información para entorpecer labores de seguridad o evitar capturas, entre otras modalidades.

Bloqueos y protestas después de la captura

Después de la detención se registraron bloqueos en accesos de Juchitán. Medios locales y nacionales reportaron que mototaxis colocaron cierres carreteros mientras se realizaban acciones para trasladar al alcalde;  además de vecinos que exigían su liberación.

La detención ocurre en un municipio donde la extorsión y el cobro de piso ya habían sido reconocidos públicamente como un problema. En febrero de 2026, el Gobierno de Oaxaca anunció en Juchitán un frente contra esos delitos después de reuniones con comerciantes, empresarios y transportistas del Istmo.

Días antes de la captura, el diseñador Elvis Guerra denunció amenazas y un ataque armado contra su vivienda en Juchitán. Ese episodio volvió a colocar el problema de la extorsión en la agenda pública, pero ninguna fuente oficial revisada ha establecido que su caso haya originado la investigación contra el alcalde, por lo que ambos expedientes deben mantenerse separados.

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