Este 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La investigación ha cambiado de rumbo varias veces, acumulado expedientes, detenciones y nuevas líneas de trabajo, pero la pregunta que dio origen a la exigencia de las familias continúa abierta: ¿dónde están?
Los hechos ocurrieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron perseguidos y atacados en Iguala, Guerrero. Desde entonces, el caso ha atravesado tres administraciones federales y distintas etapas ministeriales y judiciales.
A lo largo de estos años fueron identificados mediante análisis genéticos restos de Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. El destino de los demás estudiantes no ha sido esclarecido.
La investigación volvió a moverse en 2026
El duodécimo aniversario llega después de nuevos movimientos en el expediente. La Fiscalía General de la República (FGR) informó en agosto que realizó un reanálisis de las actuaciones existentes y abrió otras líneas de investigación.
Uno de los puntos centrales es el material grabado por cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche de la desaparición. De acuerdo con la Fiscalía, investigaciones posteriores determinaron que esas videograbaciones sí existieron, pese a que inicialmente se había informado de supuestas fallas técnicas.
La FGR sostiene que un testimonio obtenido en enero de 2026 permitió avanzar sobre la posible sustracción y destrucción de esas imágenes. Esa línea derivó en la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, ocurrida el 6 de agosto de 2026. El exmandatario enfrenta un proceso penal y ha rechazado las acusaciones en su contra.
La existencia de un proceso judicial, sin embargo, no equivale a una determinación de culpabilidad. Las responsabilidades deberán establecerse en tribunales conforme avance el procedimiento.
Llamadas telefónicas abrieron otras líneas
El gobierno federal también ha señalado que la revisión de registros de llamadas de aquella noche y madrugada, que según la presidenta Claudia Sheinbaum no habían sido analizados a fondo anteriormente, permitió abrir líneas sobre personas que no habían sido involucradas en etapas previas de la investigación.
El 27 de agosto, durante una reunión encabezada por la Presidenta, las autoridades presentaron a madres y padres de los normalistas avances recientes de las investigaciones y las acciones de búsqueda. Participaron funcionarios federales, representantes de la ONU-DH y organizaciones que acompañan a las familias.
Para las familias, sin embargo, el parámetro decisivo sigue siendo el mismo: conocer qué ocurrió y localizar a sus hijos.
De la “verdad histórica” a una investigación que sigue abierta
El caso ha atravesado profundas controversias desde sus primeros años. La explicación presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como la “verdad histórica” fue posteriormente cuestionada por irregularidades en la investigación, entre ellas denuncias de tortura y fabricación de pruebas.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición constituyó un crimen de Estado y señaló la participación de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y de agentes de distintas instituciones. El propio gobierno sostuvo entonces que el caso no podía considerarse cerrado mientras no se conociera toda la verdad, se localizara a los estudiantes y se deslindaran responsabilidades.
Cuatro años después de aquella conclusión y 12 años después de los ataques en Iguala, la investigación permanece abierta.
Familias mantienen sus exigencias
Organizaciones que acompañan a las familias advierten que todavía existen diferencias importantes sobre el rumbo de las investigaciones.
Fundar señaló esta semana que las nuevas diligencias y detenciones no han permitido esclarecer lo ocurrido con los estudiantes y sostuvo que la documentación militar continúa siendo uno de los principales puntos de disputa entre familiares y autoridades.
Entre las demandas que se han mantenido están la entrega de documentación que las familias consideran pendiente, el esclarecimiento de movimientos y comunicaciones posteriores a la desaparición, la extradición de personas señaladas dentro de las investigaciones y la profundización de las indagatorias sobre autoridades de distintos niveles.
El desgaste también se mide en ausencias. Varios padres y madres han muerto durante estos 12 años sin conocer el destino de sus hijos, mientras las familias continúan realizando movilizaciones y reuniones con autoridades.
Doce años y una pregunta que permanece
El expediente de Ayotzinapa ha producido miles de diligencias, investigaciones nacionales e internacionales, detenciones, procesos penales, búsquedas y peritajes.
Pero el aniversario no se explica solamente por el tamaño del expediente.
Se explica por 43 nombres, por familias que han recorrido instituciones, tribunales y calles desde septiembre de 2014 y por una pregunta que, 12 años después, todavía no tiene una respuesta completa.
Las nuevas investigaciones de 2026 vuelven a mover un caso que ha cambiado varias veces de dirección. Su alcance tendrá que medirse por lo que logren demostrar las investigaciones y los tribunales y, sobre todo, por si permiten responder finalmente qué ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa.
*BC
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