El gobierno federal presentará el lunes 28 de septiembre un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, dos días después de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Claudia Sheinbaum adelantó que el reporte expondrá las nuevas líneas que siguen las autoridades para intentar esclarecer lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. 

La presentación había sido anunciada inicialmente para antes del aniversario del 26 de septiembre. En agosto, la Secretaría de Gobernación comunicó a las madres y padres de los estudiantes que recibirían un informe con los avances antes de las movilizaciones conmemorativas; finalmente, la exposición pública quedó programada para el lunes. 

El nuevo documento incluirá detenciones recientes, tareas de búsqueda, análisis de comunicaciones telefónicas y otros elementos de investigación. El gobierno ha señalado que esas diligencias forman parte de un replanteamiento de la indagatoria que la FGR inició este año mediante la revisión de expedientes y actuaciones acumuladas durante más de una década. 

Cuatro líneas orientan las diligencias recientes

La Secretaría de Gobernación informó desde el 27 de agosto que las diligencias recientes se organizan alrededor de cuatro líneas prioritarias. Entre los puntos que hizo públicos están nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores vinculados con la desaparición. 

Uno de los elementos que tendrá mayor peso en la explicación del lunes será el reanálisis de llamadas y comunicaciones realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora, el gobierno no ha difundido de manera completa qué conclusiones preliminares se desprenden de ese trabajo, por lo que esas líneas todavía no pueden presentarse como hechos definitivamente acreditados. 

La FGR había informado el 6 de agosto que su titular, Ernestina Godoy, ordenó un reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes. La Fiscalía sostuvo que esa revisión abrió nuevas rutas para investigar la desaparición de los estudiantes. 

Un día después, la propia FGR informó sobre la imputación contra Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por su posible participación en desaparición forzada de personas. La Fiscalía vinculó esa actuación con el nuevo modelo de investigación del caso; el proceso judicial, sin embargo, no equivale a una sentencia ni permite dar por acreditada responsabilidad penal. 

Familias ya conocieron parte de los avances

Las madres y padres de los 43 tuvieron acceso a parte de estas líneas durante una reunión con Sheinbaum y funcionarios federales el 27 de agosto. En ese encuentro participaron también la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ONU-DH y organizaciones acompañantes. 

El gobierno informó entonces que reforzaría las búsquedas, aceleraría el análisis de información y mantendría gestiones con otros países para concretar extradiciones pendientes. Entre los casos mencionados aparece el de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala cuando desaparecieron los normalistas.

Las familias, por su parte, mantienen diferencias con algunas conclusiones institucionales y han insistido en que se investigue el papel de todas las autoridades que pudieron intervenir o tener conocimiento de los hechos. Este 25 de septiembre también se manifestaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuestionaron su más reciente recomendación sobre el caso, particularmente por el tratamiento dado a la actuación del Ejército. Esa posición corresponde a los familiares y no constituye una determinación judicial. 

Familias de Ayotzinapa llevan a la Corte reclamo por 853 folios

Los padres de los 43 reclaman 853 folios militares y esperan nuevas líneas federales el lunes

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa llevaron este viernes sus reclamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de manifestarse frente al tribunal, una representación de las familias fue recibida por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, un día antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes.

Entre los asuntos que colocaron sobre la mesa está la entrega de 853 folios de inteligencia militar relacionados con los hechos de septiembre de 2014. Un juez federal ordenó en marzo que la Secretaría de la Defensa entregara la totalidad de esos documentos, generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y otras instancias militares. 

La reunión con el presidente de la Corte ocurre además cuando el máximo tribunal tiene pendientes asuntos jurídicos vinculados con el expediente Ayotzinapa y mientras el gobierno federal prepara para el lunes 28 de septiembre la presentación de nuevas líneas de investigación.

Familias reclaman documentos militares pendientes

La resolución emitida en marzo señaló que deben entregarse los 853 folios militares que el juzgado considera en poder del Ejército. Las familias sostienen desde hace años que esos archivos pueden aportar información para establecer el paradero de los estudiantes y esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La representación de los padres ha señalado que la entrega todavía no se concreta debido a la impugnación promovida por Defensa. El señalamiento sobre el incumplimiento forma parte de la postura de las familias; la disputa judicial continúa abierta y no constituye por sí misma una determinación definitiva contra la institución militar. 

El expediente judicial tiene además otro frente. El 7 de julio, la SCJN atrajo cuatro recursos de revisión extraordinaria relacionados con una sentencia que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala. La Corte deberá analizar los alcances jurídicos de aquella resolución.

Las propias familias han expresado posiciones sobre esa revisión judicial. En julio pidieron a la Corte pronunciarse sobre la procedencia de esos recursos y plantearon que la investigación ya cuenta con instancias como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la unidad especial de la FGR. 

Doce años sin esclarecer el destino de los 43

La desaparición ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, durante una serie de ataques y detenciones en Iguala. Doce años después, el destino de la mayoría de los estudiantes continúa sin ser esclarecido y el expediente sigue abierto en distintas líneas de investigación.

El informe del lunes permitirá conocer con mayor precisión qué nuevos datos considera relevantes la FGR, cuáles investigaciones derivaron en detenciones y qué alcance tiene el análisis de comunicaciones que el gobierno ha colocado entre las piezas centrales de esta nueva etapa. Hasta que esos elementos sean presentados, no es posible anticipar si modifican de manera sustantiva lo conocido sobre el caso o si conducirán a nuevas imputaciones.

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