A casi doce años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no existen elementos jurídicos suficientes para responsabilizar institucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La determinación quedó plasmada en la Recomendación 208VG/2026, emitida el pasado 2 de julio, resultado de una nueva investigación iniciada tras la queja presentada el 24 de junio de 2021 por un grupo de madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes señalaron a diversas autoridades, entre ellas el Ejército mexicano, como presuntas responsables de violaciones graves a los derechos humanos.
Después de revisar miles de documentos, expedientes ministeriales y actuaciones realizadas durante más de una década, la CNDH concluyó que no encontró pruebas suficientes para atribuir responsabilidad directa a la SEDENA, por lo que la dependencia quedó fuera de las autoridades señaladas en la recomendación.
La CNDH revisó más de una década de investigaciones
El organismo explicó que el nuevo análisis contempló la revisión integral de todas las investigaciones ministeriales, expedientes elaborados por la propia Comisión y otros elementos que, a su juicio, habían sido omitidos o interpretados parcialmente por instancias anteriores.
La Recomendación 208VG/2026 sostiene que la exclusión del Ejército mexicano responde al principio jurídico de que ninguna autoridad puede ser responsabilizada sin pruebas objetivas que acrediten su participación.
Asimismo, la Comisión precisó que la recomendación está dirigida únicamente a distintas autoridades federales, estatales y municipales, al considerar que no existen elementos para incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional como responsable institucional.
Cuestiona conclusiones de otras investigaciones
Uno de los aspectos más relevantes del documento es el cuestionamiento que realiza la CNDH a diversas investigaciones desarrolladas previamente por otras instancias.
En particular, señala inconsistencias, contradicciones y omisiones en las conclusiones elaboradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y diversas organizaciones civiles, las cuales, según el organismo, dificultaron el esclarecimiento pleno de los hechos y el acceso a la verdad.
La Comisión coincide con la postura sostenida durante años por la SEDENA, al indicar que el personal militar destacado en Iguala no intervino directamente debido a que en 2014 las Fuerzas Armadas carecían de atribuciones legales para realizar funciones de seguridad pública, competencias reservadas entonces a autoridades civiles.
CNDH afirma que no encontró pruebas contra la SEDENA
En uno de los apartados centrales del documento, la CNDH sostiene que la narrativa que colocó al Ejército como actor central del caso adquirió una dimensión política y simbólica que terminó ampliando las responsabilidades hasta alcanzar a las más altas autoridades del país.
El organismo señala textualmente que dicha narrativa permitió extender los señalamientos desde el ámbito municipal y estatal hasta la Presidencia de la República, aun cuando, afirma, no existían indicios claros que acreditaran la participación institucional del Ejército.
Además, destaca que las declaraciones rendidas por integrantes de las Fuerzas Armadas permanecieron consistentes durante más de once años de investigaciones, a diferencia de otros testimonios que fueron modificados o presentaron contradicciones.
La Comisión también reconoce que la SEDENA entregó informes, bases de datos, documentos y demás información requerida por las autoridades investigadoras, lo que, a su juicio, demuestra colaboración institucional.
Principales conclusiones de la recomendación
Entre las conclusiones más importantes de la Recomendación 208VG/2026, la CNDH señala que no encontró elementos para acreditar la existencia de un plan específico de exterminio contra los estudiantes.
Asimismo, concluye que los militares no participaron en la persecución de los autobuses, ni en los hechos violentos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas, ni en la muerte de algunas víctimas.
También sostiene que, aunque el personal militar conocía parte de los acontecimientos mediante el sistema C-4, no tenía facultades legales para intervenir debido a que la atención correspondía a corporaciones civiles.
Pese a ello, la Comisión aclara que las investigaciones no están concluidas y exhortó a las autoridades ministeriales y judiciales a integrar la información obtenida durante esta revisión para avanzar en las líneas de investigación que aún permanecen abiertas.
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