La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional sobre doble nacionalidad que plantea nuevos requisitos para quienes busquen competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El cambio fue avalado el 22 de septiembre en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Después de la discusión de las reservas, el proyecto fue aprobado en lo particular con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, y enviado al Senado para continuar su trámite legislativo.
Esto significa que la restricción todavía requiere completar el proceso de reforma constitucional. La aprobación de la Cámara de Diputados no basta para que los nuevos requisitos puedan aplicarse a las candidaturas.
Qué cambiaría para aspirantes a Presidencia y gubernaturas
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El planteamiento establece que una persona que aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina deberá ser mexicana por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
Si la persona cuenta con una segunda nacionalidad, tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato. La iniciativa enviada por el Ejecutivo también establece que quien ocupe alguno de esos cargos no podría adquirir otra nacionalidad mientras ejerza sus funciones.
La prohibición prevista incluye utilizar un pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado mientras se desempeñe alguno de esos cargos.
La reforma no plantea eliminar de manera general la doble nacionalidad para los mexicanos. Su aplicación se concentra en las personas que pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y locales comprendidos en el dictamen.
Qué dice actualmente la Constitución sobre doble nacionalidad
La legislación mexicana ya contiene restricciones relacionadas con la nacionalidad para determinados cargos públicos. El artículo 32 constitucional dispone que los puestos para los cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento se reservan a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Sin embargo, la propuesta enviada al Congreso busca incorporar expresamente en los artículos correspondientes a Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno el supuesto de las personas que ya poseen otra nacionalidad, incluso desde su nacimiento.
El artículo 82 vigente establece entre los requisitos para ocupar la Presidencia ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de derechos, ser hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. La reforma añadiría de forma explícita la obligación de no tener otra nacionalidad o renunciar a ella antes del registro de la candidatura.
El proyecto también prevé modificaciones posteriores a la Ley de Nacionalidad para definir el procedimiento mediante el cual una persona tendría que acreditar la renuncia a otra nacionalidad cuando pretenda contender por uno de los cargos señalados.
Reforma se aplicaría a partir de los procesos electorales de 2028
Los artículos transitorios contemplados en el dictamen establecen que los nuevos requisitos comenzarían a aplicarse a partir de los procesos electorales correspondientes a 2028.
La modificación no alcanzaría a quienes ya se encuentren ejerciendo la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno cuando el decreto entre en vigor. Además, el Congreso de la Unión y las entidades federativas dispondrían de 90 días naturales para realizar adecuaciones legislativas relacionadas con la reforma.
De esta manera, el cambio tendría efectos directos sobre futuros procesos de registro de candidaturas, pero no constituye una prohibición general para que las personas mexicanas mantengan más de una nacionalidad.
Soberanía y derechos marcaron el debate en San Lázaro
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el argumento de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener sus responsabilidades institucionales exclusivamente frente al Estado mexicano. Desde el Ejecutivo se ha señalado que el objetivo es colocar el interés nacional por encima de cualquier vínculo jurídico con otro país.
Durante la discusión legislativa, Morena y sus aliados respaldaron el dictamen bajo argumentos relacionados con soberanía y posibles conflictos derivados de vínculos jurídicos con más de un Estado. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y plantearon cuestionamientos sobre los efectos para ciudadanos binacionales y las dificultades que pueden existir para formalizar la renuncia a determinadas nacionalidades extranjeras.
El debate, por tanto, se concentró tanto en el alcance de los requisitos para ejercer las principales titularidades del Poder Ejecutivo como en los derechos políticos de las personas mexicanas que también poseen otra nacionalidad.
Qué falta para que la reforma pueda entrar en vigor
Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada al Senado de la República, que deberá analizarla y votar el mismo proyecto.
Al tratarse de una reforma constitucional, el artículo 135 establece que las modificaciones necesitan el voto de las dos terceras partes de las personas presentes en ambas cámaras del Congreso y posteriormente la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Después corresponde realizar la declaratoria constitucional y continuar con su promulgación y publicación.
Así, el aval otorgado por los diputados representa una etapa del procedimiento legislativo. El contenido definitivo dependerá del trámite que continúe en el Senado y, de aprobarse ahí, de la votación posterior en los congresos locales.
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