La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca impedir que personas con doble nacionalidad ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que renuncien a su otra nacionalidad antes de registrarse como candidatas.
El proyecto fue avalado la noche del 8 de septiembre con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y cinco en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. La iniciativa avanzará al Pleno de San Lázaro para continuar su discusión legislativa.
¿Qué propone la reforma de doble nacionalidad?
El dictamen plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer requisitos de nacionalidad única a quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los ejecutivos estatales, incluida la Ciudad de México.
Las personas aspirantes deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. Quienes tengan una segunda ciudadanía tendrían que renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro electoral, conforme a los procedimientos que establezca la ley.
La propuesta también establece restricciones durante el ejercicio del cargo: sus titulares no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
¿A qué candidatos afectaría y desde cuándo?
Las nuevas disposiciones están dirigidas específicamente a quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No se trata de una prohibición general de la doble nacionalidad para todos los mexicanos ni de una medida que elimine automáticamente su ciudadanía.
De acuerdo con los artículos transitorios del dictamen, la reforma comenzaría a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. Quienes estén ejerciendo alguno de los cargos señalados al momento de su entrada en vigor no serían afectados por las nuevas disposiciones.
El calendario contempla que, una vez vigente el decreto, el Congreso de la Unión disponga de 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.
Morena defiende la medida por soberanía y lealtad institucional
La diputada morenista Katia Alejandra Castillo Lozano defendió el proyecto bajo el argumento de que quienes encabecen un Poder Ejecutivo deben responder exclusivamente a los intereses del país.
Los legisladores del bloque oficialista sostuvieron que los cargos de mayor responsabilidad exigen reglas claras para evitar posibles conflictos derivados de otra ciudadanía. La presidenta Sheinbaum ha explicado que la propuesta busca garantizar que el interés nacional prevalezca sobre cualquier otro compromiso.
La iniciativa se enfoca en las condiciones para ejercer determinados cargos, mientras que el reconocimiento de la doble nacionalidad continúa formando parte del marco constitucional mexicano.
PAN abandona la sesión y oposición cuestiona restricciones
Durante la discusión, diputados del PAN solicitaron ampliar el debate mediante un Parlamento Abierto, consultas con especialistas y representantes de mexicanos residentes en el extranjero, así como opiniones técnicas de organismos de derechos humanos.
Al ser rechazadas sus propuestas, los legisladores panistas abandonaron la reunión. Federico Döring cuestionó que no se hubiera consultado a los mexicanos en el exterior, mientras que representantes del PRI y Movimiento Ciudadano también se pronunciaron contra el dictamen.
La oposición argumentó que tener dos nacionalidades no implica necesariamente lealtades divididas y advirtió que la reforma podría restringir derechos políticos de personas mexicanas que viven fuera del país o que adquirieron otra ciudadanía por nacimiento o vínculos familiares.
La reforma también genera dudas entre aliados de Morena
El debate no se limita a la oposición. En el Senado, legisladores del Partido Verde han expresado reservas sobre el alcance de la iniciativa, pese a que la mayoría de su bancada se ha mostrado dispuesta a respaldarla.
El senador Luis Armando Melgar cuestionó que las modificaciones puedan afectar los derechos de millones de mexicanos en el extranjero y pidió evitar reformas dirigidas contra personas específicas. El coordinador del PVEM, Manuel Velasco, reconoció que existen integrantes de su grupo parlamentario con dudas sobre la propuesta.
La discusión también ha mencionado a políticos con doble nacionalidad, como el senador Javier Corral, así como a figuras públicas que podrían aspirar a cargos futuros. El alcance de la reforma dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso.
¿Qué dice actualmente la Constitución sobre la doble nacionalidad?
México reconoce la posibilidad de que sus ciudadanos por nacimiento posean otra nacionalidad. El artículo 37 constitucional establece que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, mientras que el artículo 32 permite regular el ejercicio de derechos y establecer requisitos especiales para determinados cargos públicos.
La reforma de 1997 abrió el camino para que los mexicanos por nacimiento conservaran su nacionalidad aun cuando adquirieran otra. La propuesta actual no busca eliminar ese reconocimiento general, sino establecer condiciones específicas para quienes pretendan ocupar las titularidades del Poder Ejecutivo señaladas en el dictamen.
¿Cuándo se votará en el Pleno?
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, informó que las reservas y votos particulares serán llevados al Pleno. La ruta legislativa contempla dar publicidad al dictamen el 9 de septiembre y discutirlo durante la segunda mitad del mes, con el 22 de septiembre como fecha prevista.
Al tratarse de una reforma constitucional, necesita mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Las diferencias expresadas entre partidos y dentro del bloque oficialista serán determinantes para su avance.
La discusión definirá si México incorpora nuevos requisitos de nacionalidad para sus máximos cargos ejecutivos y bajo qué condiciones podrán participar los ciudadanos que también poseen otra nacionalidad.
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