La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo investigación más de 59 millones de litros de combustible localizados en una terminal de almacenamiento de San José Iturbide, Guanajuato. La autoridad federal sostiene que no se ha acreditado el origen del hidrocarburo, mientras Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, afirma que sus instalaciones operan legalmente y que los productos almacenados pertenecen a sus clientes.
El caso generó una controversia después de que el aseguramiento fuera presentado como una operación de gran magnitud contra posibles redes de contrabando de combustible. Sin embargo, la información disponible obliga a separar dos asuntos: la legalidad de la terminal de almacenamiento y la trazabilidad de los hidrocarburos depositados en ella. La existencia de un permiso para operar la instalación no determina, por sí misma, el origen de cada cargamento; al mismo tiempo, la FGR continúa investigando precisamente esa procedencia.
FGR rastrea origen de más de 59 millones de litros
La investigación comenzó el 3 de julio de 2026, después de que una persona fue detenida cuando presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad de 33 mil litros en una estación de servicio de San Luis de la Paz, Guanajuato. La FGR informó que esa persona no pudo acreditar la trazabilidad del combustible.
A partir de esas diligencias, el Ministerio Público Federal obtuvo autorizaciones para realizar cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble relacionado con despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y una instalación ubicada en San José Iturbide.
En esta última propiedad fueron localizados más de 59 millones de litros de hidrocarburo, distribuidos en aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina premium y 18.2 millones de diésel. La FGR reportó además el aseguramiento de documentación contable, vehículos y 10 contenedores de gran capacidad.
La propia Fiscalía utilizó una formulación cautelosa: señaló que se trataba de hidrocarburo “del cual no se ha acreditado su origen”, sin establecer en su comunicado que los 59 millones de litros hubieran sido judicialmente determinados como combustible robado o de contrabando.
SIMSA afirma que la terminal cuenta con permiso vigente
Tras conocerse el aseguramiento, Gas Natural del Noroeste sostuvo que la terminal funciona legalmente y señaló que opera bajo el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016.
Registros gubernamentales identifican ese permiso a nombre de Gas Natural del Noroeste para una instalación en San José Iturbide, Guanajuato. Documentación oficial histórica consigna su otorgamiento el 14 de septiembre de 2016 y registra la instalación como operativa.
La empresa informó además que el permiso tiene una vigencia de 30 años y que cuenta con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial. También señaló que entregó a la FGR documentación relacionada con su operación y con las compañías que utilizan sus servicios de almacenamiento.
El planteamiento de SIMSA es que la compañía recibe y almacena petrolíferos propiedad de terceros, por lo que no necesariamente es propietaria del combustible ubicado en sus tanques. Según su postura, las empresas usuarias deben acreditar propiedad, procedencia y calidad de los productos que depositan en la terminal.
Permiso de almacenamiento y origen del combustible son asuntos distintos
La documentación localizada permite confirmar que existe un permiso federal de almacenamiento vinculado con la terminal. El punto investigado por la FGR, sin embargo, se refiere a la trazabilidad del combustible y no únicamente a la autorización para operar las instalaciones.
Esa diferencia es central para entender el caso: que una terminal tenga autorización para recibir y almacenar petrolíferos no acredita automáticamente el origen de cada volumen depositado; de igual manera, el aseguramiento ministerial de los productos no equivale a una sentencia que determine que todo el combustible es ilícito.
La FGR mantiene una investigación relacionada con posibles operaciones de contrabando o tráfico ilegal de hidrocarburos, dentro de una estrategia que ha utilizado información de trazabilidad, movimientos de pipas, documentación de importación y seguimiento de combustible en distintos puntos del país.
Reporte señala que terminal siguió operando y no hubo detenidos
El material que dio origen a este artículo sostiene que el cateo en la terminal ocurrió el 4 de septiembre, que las instalaciones retomaron actividades el día 10 y que no fueron clausuradas ni selladas. También señala que el operativo relacionado específicamente con la terminal no produjo detenciones. Esos detalles forman parte del reporte periodístico base; el comunicado público de la FGR del 17 de septiembre no proporciona la fecha exacta del cateo en San José Iturbide ni informa sobre una clausura de la terminal.
El mismo reporte recoge la opinión del consultor energético Gonzalo Monroy, quien considera que las autoridades pudieron haber enfocado incorrectamente la revisión al solicitar documentación de importación a la empresa almacenadora. Esa valoración corresponde al especialista y no constituye una determinación judicial ni una conclusión de la investigación de la FGR.
Investigación sigue centrada en la trazabilidad del hidrocarburo
La información oficial disponible muestra que la FGR abrió una línea de investigación a partir de un cargamento cuya procedencia, según la institución, no fue acreditada y posteriormente extendió las diligencias hasta la terminal de San José Iturbide.
En paralelo, SIMSA presentó documentación con la que sostiene que su operación está regulada y que el combustible pertenece a compañías usuarias de sus instalaciones. El permiso federal citado por la empresa sí aparece en registros gubernamentales relacionados con almacenamiento de petrolíferos en San José Iturbide.
De esta forma, el expediente enfrenta actualmente dos posiciones documentadas: la FGR investiga la procedencia y trazabilidad de los hidrocarburos, mientras la empresa defiende la legalidad de la terminal y de las operaciones realizadas con sus clientes. La resolución sobre la procedencia de los productos corresponde al desarrollo de las diligencias ministeriales y, en su caso, a las determinaciones judiciales derivadas del expediente.
*BC
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