La detención de Arturo “N”, señalado como probable responsable de la muerte de Paola Buenrostro, abrió diez años después un nuevo capítulo judicial, pero también detonó protestas de colectivos trans en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El motivo: durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación por homicidio calificado y no por feminicidio.
El juez impuso prisión preventiva al acusado mientras continúa el procedimiento. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y la audiencia continuará el viernes 4 de septiembre, cuando deberá definirse su situación jurídica.
La decisión provocó el rechazo de activistas encabezadas por Kenya Cuevas, amiga de Paola y testigo de los hechos de 2016. Tras las protestas y una reunión con la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de modificar la clasificación jurídica durante las siguientes etapas del proceso.
Arturo “N” enfrenta proceso por homicidio calificado
La audiencia inicial se realizó el 1 de septiembre, un día después de que Arturo “N” fuera detenido en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, después de permanecer prófugo durante casi una década.
La investigación se remonta a la madrugada del 30 de septiembre de 2016. Paola Buenrostro abordó un automóvil después de que el conductor contratara sus servicios como trabajadora sexual. Poco después pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon disparos. Paola fue localizada herida dentro del vehículo y murió por las lesiones.
La investigación señaló desde entonces la probable participación de Arturo “N” y permitió obtener una orden de aprehensión el 19 de octubre de 2016. Ante la imposibilidad de localizarlo, en 2023 las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera detenerlo.
¿Por qué no fue imputado por transfeminicidio?
La controversia se concentra en la clasificación jurídica utilizada en la audiencia.
La orden de aprehensión fue solicitada en 2016 por homicidio, bajo las disposiciones legales vigentes entonces. El delito específico de transfeminicidio todavía no existía en el Código Penal de la Ciudad de México y fue incorporado hasta 2024 con la denominada Ley Paola Buenrostro.
La Fiscalía sostiene que eso explica que la orden ejecutada en 2026 corresponda originalmente a homicidio calificado, pero aclaró que la clasificación jurídica no está cerrada. Durante la investigación complementaria pueden incorporarse elementos para solicitar al juez una reclasificación conforme al marco legal aplicable a los hechos.
La institución también afirmó que reconoce plenamente a Paola Buenrostro como mujer trans y sostuvo que la discusión jurídica no modifica ese reconocimiento.
Colectivos trans protestan dentro de la Fiscalía
La audiencia generó una fuerte inconformidad entre las activistas que acompañan el caso. Kenya Cuevas denunció que durante la diligencia se utilizó lenguaje masculino para referirse a integrantes de la comunidad trans, lo que consideró discriminatorio y contrario a la perspectiva de género que durante años habían exigido para el expediente.
Después de la audiencia, las manifestantes se trasladaron a instalaciones de la Fiscalía para exigir un diálogo con las autoridades y la salida de la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidio.
La protesta escaló cuando algunas participantes ingresaron a las instalaciones y realizaron pintas y daños en mobiliario y cristales. Más tarde, otro grupo acudió a la Jefatura de la Policía de Investigación, en Doctor Lavista, colonia Doctores. Personal dentro del edificio utilizó polvo de extintor para impedir el ingreso y algunas manifestantes resultaron afectadas.
La Fiscalía rechazó los daños contra instalaciones y posibles agresiones a servidores públicos, aunque también reconoció que cualquier error en el trato hacia las víctimas durante la audiencia no corresponde con sus estándares de atención.
Fiscalía y activistas llegan a acuerdos tras protesta
Después de varias horas de tensión, una representación de los colectivos sostuvo una reunión con Bertha Alcalde.
Al término del encuentro se firmó una minuta en la que la Fiscalía se comprometió a impulsar la reclasificación jurídica del caso, sustituir al personal del Ministerio Público que intervino en la audiencia y revisar denuncias relacionadas con otras mujeres trans.
La institución había informado previamente que las víctimas indirectas solicitaron modificar la clasificación y que durante las siguientes etapas fortalecerá la investigación para presentar ante el juez los elementos que considere necesarios.
Las activistas adelantaron que mantendrán su exigencia de justicia y seguimiento ante organismos de derechos humanos mientras avanza el proceso penal.
Caso Paola Buenrostro cambió las leyes de CDMX
El asesinato de Paola se convirtió en uno de los casos más importantes para el reconocimiento jurídico de la violencia contra mujeres trans en México.
En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, la primera del organismo en reconocer expresamente un caso como transfeminicidio. También documentó falta de debida diligencia, ausencia de perspectiva de género y violaciones al derecho a la identidad de género durante la investigación original.
La propia Procuraduría capitalina aceptó esa recomendación y posteriormente se comprometió a realizar medidas de reparación y modificar procedimientos para atender delitos contra personas con identidades y expresiones de género diversas.
La movilización posterior impulsó cambios legislativos. En 2024, el Congreso capitalino aprobó reformas para incorporar el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México, además de modificar disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Ley de Víctimas.
La legislación contempla penas de 35 a 70 años de prisión para quien sea declarado culpable de transfeminicidio, además de agravantes bajo determinadas circunstancias.
Audiencia continuará el 4 de septiembre
Arturo “N” permanecerá en prisión preventiva mientras llega la continuación de la audiencia inicial.
La defensa solicitó 144 horas para reunir elementos antes de que el juez resuelva la siguiente etapa del proceso, por lo que la diligencia está prevista para el viernes 4 de septiembre.
Para los colectivos, la discusión central será que la investigación incorpore la perspectiva de género y que la acusación refleje las circunstancias en las que murió Paola.
Para la Fiscalía, el procedimiento parte jurídicamente de una orden emitida en 2016, aunque mantiene abierta la posibilidad de una reclasificación durante el proceso. La próxima audiencia determinará el avance inmediato de un expediente que, diez años después del crimen, finalmente volvió ante un juez con el acusado detenido.
*BC
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