El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que funcionarios mexicanos de alto nivel mantienen vínculos con organizaciones criminales y aseguró que algunos de ellos fueron advertidos recientemente por autoridades estadounidenses por presuntamente colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, no reveló nombres, cargos ni presentó públicamente pruebas que sustenten esos señalamientos.
Las declaraciones elevan nuevamente la tensión en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, aunque Cole destacó al mismo tiempo la cooperación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien aseguró mantener comunicación diaria e intercambio de inteligencia sobre objetivos criminales.
Terry Cole asegura que funcionarios colaboran con el CJNG
Durante una entrevista difundida el domingo 23 de agosto, Cole sostuvo que investigaciones estadounidenses muestran casos de corrupción dentro de estructuras gubernamentales mexicanas y afirmó que existen altos funcionarios que “trabajan directamente con los cárteles”.
El director de la DEA agregó que hace aproximadamente dos semanas autoridades estadounidenses habrían puesto sobre aviso a algunos funcionarios a quienes atribuyen relaciones con el CJNG. No precisó cuántos son, en qué niveles de gobierno trabajan ni las conductas específicas que se les imputarían.
Hasta este 24 de agosto, no se han difundido públicamente los nombres de esos funcionarios ni expedientes judiciales que permitan comprobar las acusaciones específicas formuladas por Cole.
Departamento de Justicia mantiene ofensiva contra el CJNG
Estados Unidos intensificó durante agosto sus acciones contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. El 5 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevas acusaciones contra dirigentes del grupo y recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de ocho integrantes de su estructura.
Entre los objetivos aparecen Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “RR” o “Tripa”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
El documento público estadounidense detalla acusaciones por narcotráfico, armas y otras actividades relacionadas con el CJNG, pero no identifica entre esos acusados a funcionarios mexicanos en activo, por lo que esos expedientes no constituyen hasta ahora una prueba pública de los señalamientos realizados por Cole este fin de semana.

Juan Carlos Valencia, “El Pelón”, está entre los principales objetivos
Cole señaló a Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como uno de los principales objetivos de la DEA en la nueva etapa de su ofensiva contra el CJNG.
El Departamento de Justicia sostiene que Valencia González asumió una posición central dentro de la organización tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ocurrida durante una operación militar mexicana en febrero de 2026. Estados Unidos elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura o condena.
Las investigaciones estadounidenses también apuntan a operadores financieros, redes de lavado de dinero, traficantes de armas y distribuidores de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas.

DEA no descarta acciones de Estados Unidos en territorio mexicano
Otro punto de las declaraciones de Cole se centró en la posibilidad de que agencias estadounidenses reciban instrucciones para efectuar acciones en México.
El funcionario señaló que actualmente existe cooperación mediante intercambio de información e inteligencia y afirmó que las agencias estadounidenses deberán cumplir las órdenes que reciban del presidente de Estados Unidos. No descartó de manera categórica una eventual acción unilateral.
La posición contrasta con los límites establecidos por el gobierno mexicano para la cooperación bilateral en seguridad.
Harfuch rechaza operaciones de agentes extranjeros en México
Omar García Harfuch sostuvo que la legislación mexicana impide la participación de fuerzas extranjeras en operaciones dentro del territorio nacional.
“Nuestra ley no permite que haya fuerzas extranjeras en nuestro país”, afirmó el secretario, quien explicó que la colaboración puede incluir intercambio de inteligencia, información y construcción conjunta de casos, pero cada país debe realizar sus operaciones dentro de su propio territorio.
Harfuch aseguró además que las instituciones mexicanas investigan a servidores públicos cuando existen denuncias, carpetas de investigación y elementos suficientes, sin importar su filiación política. Indicó que durante la actual administración han sido detenidos 85 servidores públicos vinculados con actividades criminales.
El secretario también señaló que operativos de alto impacto desarrollados en México han sido planeados y ejecutados por instituciones nacionales. Como ejemplo mencionó la acción de febrero contra “El Mencho”, que atribuyó al Ejército Mexicano.

DEA destaca cooperación diaria con García Harfuch
A pesar de los señalamientos contra funcionarios mexicanos, Terry Cole destacó la relación de trabajo con García Harfuch.
El jefe de la DEA afirmó que mantiene comunicación diaria con el secretario mexicano y que existe intercambio constante de información sobre objetivos relacionados con el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Días antes, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada en Buenos Aires, Cole había reconocido públicamente a Harfuch como un socio de confianza de Estados Unidos, mientras ambas autoridades destacaron la coordinación bilateral para enfrentar redes criminales y financieras.
Así, la relación de seguridad entre ambos países mantiene dos vías simultáneas: cooperación operativa e intercambio de inteligencia, pero también diferencias sobre los límites de las acciones estadounidenses en territorio mexicano y señalamientos que, hasta ahora, no han venido acompañados de nombres o pruebas públicas sobre funcionarios presuntamente vinculados con el CJNG.
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