El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez de control rechazara la solicitud de su defensa para que enfrentara el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex mandatario fue imputado por su posible participación en delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, dentro de una nueva línea de investigación del caso Ayotzinapa.
La audiencia inicial se realizó en el penal de máxima seguridad del Altiplano y se prolongó durante poco más de seis horas. La defensa de Aguirre solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será el próximo martes cuando se determine si el ex gobernador es vinculado o no a proceso.
Juez rechaza prisión domiciliaria para Ángel Aguirre
Ángel Aguirre Rivero, de 70 años, ingresó a la audiencia en silla de ruedas y manifestó padecer diabetes y presión arterial alta, además de haber sido hospitalizado recientemente por una infección en las vías urinarias.
De acuerdo con una versión relacionada con el caso, el ex gobernador se habría sentido mal después de ser detenido la mañana del jueves en la autopista México-Querétaro, por lo que recibió atención médica antes de ser trasladado al penal.
Con base en su edad y condición de salud, la defensa solicitó que Aguirre pudiera enfrentar el procedimiento en prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez de control Mario Elizondo Martínez rechazó la petición y determinó imponerle prisión preventiva.
La FGR señaló que obtuvo la medida cautelar contra el ex gobernador por su posible participación en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un comunicado, la dependencia explicó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló la imputación y solicitó su vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, mecanismo que permite ampliar de 72 hasta 144 horas el plazo para que el juez determine la situación jurídica del imputado.
Investigan desaparición de videos de cámaras de seguridad
Una de las principales líneas de investigación contra Aguirre está relacionada con el supuesto ocultamiento o destrucción de grabaciones obtenidas mediante cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
El material corresponde a las horas en que los normalistas fueron perseguidos y atacados en diferentes puntos de Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia, una de las testigos aseguró que el 29 de septiembre de 2014 entregó a Aguirre un disco que contenía los videos.
Según esa declaración, un día después el entonces gobernador habría convocado a colaboradores cercanos, entre ellos el procurador Iñaki Blanco, para presuntamente ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido durante aquella noche.
La investigación federal busca establecer qué ocurrió con esas grabaciones y determinar las responsabilidades correspondientes, debido a que las imágenes podrían contener información relevante para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Ángel Aguirre niega responsabilidad en la desaparición de los normalistas
Durante la audiencia, el ex gobernador escuchó la imputación y manifestó desacuerdo con parte de lo expuesto por la Fiscalía. Aunque inicialmente se reservó su derecho a declarar, posteriormente tomó la palabra para referirse a los hechos.
Aguirre expresó su pesar por lo ocurrido con los estudiantes y aseguró que siempre ha colaborado con las investigaciones para esclarecer la desaparición de los normalistas.
“Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, expresó el ex gobernador durante la audiencia inicial.
También sostuvo que no tuvo absolutamente nada que ver con los acontecimientos registrados en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El ex mandatario afirmó además que durante los casi 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes nunca intentó sustraerse de las investigaciones y que se mantiene dispuesto a colaborar.
Pese a sus argumentos, el juez determinó que permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento.
Dos ex funcionarias declararon contra Aguirre
En paralelo a la audiencia, trascendió que dos ex funcionarias de Guerrero serían las personas colaboradoras que aportaron declaraciones contra el ex gobernador.
Fuentes cercanas al caso identificaron a una de ellas como Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Galeana Marín obtuvo recientemente el beneficio de la prisión domiciliaria, dentro de un proceso en el que se le acusa de haber colaborado en la desaparición de videos captados por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
La segunda testigo sería Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fue detenida en marzo pasado después de un cateo realizado en su departamento de Chilpancingo.
Durante el operativo fueron asegurados cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de “medicamentos controlados”. En el momento de los hechos de Iguala, Estrada Ortega habría ocupado un cargo dentro de la Procuraduría de Justicia del estado, aunque otras fuentes la identifican como visitadora del Tribunal Superior de Justicia.
Ex funcionarias habrían pactado un criterio de oportunidad
De acuerdo con las fuentes consultadas, ambas ex funcionarias habrían establecido un criterio de oportunidad con la FGR, dentro de una carpeta de investigación distinta a aquella que derivó en sus respectivas detenciones.
Lambertina Galeana Marín, de 81 años, permanecía recluida desde mayo de 2025 en el penal femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada.
La semana pasada obtuvo el beneficio para continuar su proceso en su domicilio de Chilpancingo.
Por su parte, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, de 73 años, fue procesada junto con Margarita Anguiano Castro, de 83 años, tras el cateo realizado en su domicilio.
Una jueza del Reclusorio Norte las vinculó a proceso por los cartuchos y las armas aseguradas. Aunque acreditaron problemas de salud y solicitaron prisión domiciliaria, la petición fue rechazada y fueron enviadas al penal femenil de Tepepan.
La FGR cateó el departamento de Estrada Ortega en la colonia Jardín Balbuena debido a un testimonio que la relacionaba con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Estas grabaciones podrían haber captado el momento en que uno de los autobuses que transportaba a los normalistas de Ayotzinapa fue detenido por policías locales.
Ahora, casi 12 años después de los ataques de Iguala, Ángel Aguirre deberá permanecer en prisión mientras se define si será vinculado formalmente a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía.
*BC
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