Una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita investigar un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos adjudicado por Pemex durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla, quien recientemente fue detenido por un caso de violencia física contra su esposa.
El recurso legal plantea que la contratación pudo haberse realizado con presuntas irregularidades, entre ellas conflictos de interés, simulación de competencia, posible daño patrimonial y falta de transparencia en el procedimiento mediante el cual se benefició a un consorcio conformado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia.
La denuncia también fue enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano Interno de Control de Pemex, con el objetivo de que cada instancia realice las investigaciones correspondientes.
Contrato fue adjudicado sin licitación y tendrá vigencia hasta 2028
De acuerdo con la denuncia, el contrato PMX-2025-98-347 fue adjudicado de manera directa el 25 de julio de 2025, sin llevar a cabo un procedimiento de licitación pública.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por ejercicio fiscal, destinados a labores de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos, además de incluir mantenimiento y sustitución de unidades.
Según el documento, la adjudicación se justificó mediante una excepción prevista en la legislación de Pemex, bajo el argumento de que el servicio está vinculado con actividades de seguridad nacional, seguridad pública y protección de infraestructura estratégica.
Sin embargo, los promoventes consideran que el elevado monto económico y la naturaleza excepcional del procedimiento hacen indispensable verificar si la contratación cumplió con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez en el uso de recursos públicos.
Denuncia señala presuntas relaciones empresariales y posibles beneficiarios ocultos
La denuncia identifica como empresas beneficiarias a Arrendo Serv, S.A. de C.V., cuyos accionistas son José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, así como a Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., representada por Alberto Pliego Hernández.
"Al respecto, se tiene conocimiento de que Alberto Pliego Hernández, José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo se presentan en diversas dependencias de la administración pública federal para gestionar asuntos relacionados con sus empresas, Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., manifestando tener una relación de cercanía o amistad con Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Birmex", se indica.
Asimismo, el documento expone que Impulsa Tu Ganancia habría participado anteriormente junto con Time 2 Lease en diversos procedimientos de contratación, empresa que comparte representantes y vínculos corporativos con compañías del Grupo Surman, entre ellas Surman México, Gutiérrez Motors y Desértica Motors.
También refiere que la representante legal de la empresa, Lorena Montserrat Martínez Aguilar, habría ocupado cargos en sociedades relacionadas con Alberto Manuel Mena Palacios, además de mantener antecedentes profesionales con empresas vinculadas al grupo empresarial de la familia Mena Palacios, propietaria de CA Soluciones Financieras y Continental Automotriz.
Solicitan auditorías, investigaciones fiscales y posibles sanciones
Los promoventes consideran que existen elementos suficientes para investigar quiénes serían los beneficiarios finales del consorcio adjudicatario y determinar si hubo relaciones corporativas no reveladas, conflictos de interés, simulación de competencia o cualquier circunstancia que pudiera haber influido en la adjudicación del contrato.
La denuncia solicita que la Secretaría Anticorrupción, el Órgano Interno de Control de Pemex y la ASF realicen auditorías para revisar la legalidad del procedimiento, la fundamentación utilizada para evitar la licitación pública y la razonabilidad económica del contrato.
Asimismo, pide que la UIF investigue la estructura financiera y corporativa de las empresas, que el SAT efectúe las verificaciones fiscales correspondientes y que se revise si las compañías contaban con la capacidad técnica, financiera, patrimonial y operativa necesaria para ejecutar un contrato superior a 4 mil 838 millones de pesos.
Finalmente, la denuncia plantea que, si se acreditan irregularidades administrativas, fiscales o posibles delitos de corrupción, se instauren los procedimientos de responsabilidad correspondientes y se dé vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y a la FGR para el ejercicio de las acciones legales.
*BC
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