El fenómeno del desplazamiento forzado por violencia en México continúa expandiéndose en diversas regiones del país. Entre 2025 y lo que va de 2026, obispos y diócesis de estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Morelos han denunciado que miles de familias han abandonado sus hogares debido a la inseguridad, las extorsiones y el control territorial ejercido por grupos criminales.

La Iglesia Católica advirtió que esta problemática se ha convertido en una de las expresiones más graves de la violencia que afecta a comunidades enteras, donde muchas personas pierden su patrimonio, estabilidad y, en algunos casos, la vida.

Obispos de Chiapas denuncian una de las etapas más complejas de violencia

El caso más reciente fue denunciado por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Chiapas, quienes alertaron sobre el aumento de desapariciones, inseguridad y desplazamientos forzados en la entidad.

Durante una peregrinación realizada el 31 de mayo en la Basílica de Guadalupe, los obispos José Francisco González González, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro señalaron que numerosas familias se han visto obligadas a abandonar sus comunidades por la violencia.

Los líderes religiosos afirmaron que muchas personas han perdido viviendas, bienes y fuentes de ingreso, mientras otras enfrentan la desaparición o muerte de familiares.

Guerrero, Michoacán y Sinaloa también reportan comunidades desplazadas

Las denuncias realizadas en Chiapas se suman a los llamados de otras diócesis del país.

La Diócesis Chilpancingo-Chilapa ha reconocido el sufrimiento de familias desplazadas en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

Por su parte, la Diócesis de Apatzingán ha alertado sobre el impacto de los desplazamientos forzados, los cobros de piso y las disputas entre grupos criminales por el control territorial.

Asimismo, la Diócesis de Mazatlán ha expresado preocupación por la situación de seguridad que enfrentan diversas comunidades de la región.

Violencia criminal impulsa el desplazamiento de familias

Para el sacerdote Jorge Atilano, director ejecutivo de Diálogo por la Paz, el desplazamiento forzado está directamente relacionado con la expansión de la violencia criminal.

Según explicó, los grupos delictivos buscan controlar territorios estratégicos, recursos naturales y actividades económicas, lo que genera enfrentamientos constantes y obliga a las familias a huir.

Además, señaló que la violencia no debe medirse únicamente mediante los homicidios, sino también a través de otros delitos que afectan gravemente a la población.

“Las extorsiones también deberían ser consideradas un indicador fundamental para medir la violencia en el país”, advirtió.

Cobro de piso y control territorial preocupan a la Iglesia

Uno de los aspectos que más inquieta a la Iglesia Católica es la normalización de ciertas prácticas criminales en distintas regiones.

Jorge Atilano explicó que el cobro de piso ya no opera únicamente mediante amenazas directas a comerciantes o productores, sino que en algunos casos se incorpora a cadenas comerciales completas.

Según detalló, existen esquemas donde las cuotas criminales son integradas al precio de productos agrícolas y posteriormente transferidas a organizaciones delictivas, generando mecanismos cada vez más sofisticados de control económico y territorial.

Esta situación, afirmó, evidencia cómo algunas prácticas ilegales comienzan a infiltrarse en dinámicas institucionales y comerciales.

No existe un registro nacional de desplazados atendidos por la Iglesia

A pesar de la amplia presencia de parroquias y diócesis en todo el país, la Iglesia reconoce que no cuenta con un registro nacional de personas desplazadas que reciben apoyo.

Jorge Atilano explicó que muchas familias abandonan sus hogares en condiciones de miedo extremo y buscan refugio con familiares o amistades, evitando hacer pública su situación por motivos de seguridad.

Como consecuencia, una parte importante de la población desplazada permanece invisible para las estadísticas oficiales y para diversos programas de atención.

Más de ocho mil personas fueron desplazadas en Chiapas

De acuerdo con el informe “Chiapas, la paz pendiente”, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, más de ocho mil personas fueron expulsadas de sus municipios entre 2023 y 2024.

Las comunidades ubicadas en la frontera con Guatemala registraron algunos de los casos más severos de desplazamiento.

Además, alrededor de 200 habitantes de los municipios de Chicomuselo y Frontera Comalapa permanecían desplazados durante 2025 en localidades como Comitán de Domínguez, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.

Las organizaciones responsables del informe sostienen que, aunque las autoridades reportaron una disminución de algunos indicadores delictivos durante 2025, continúan presentándose fenómenos de alto impacto como desapariciones forzadas, fosas clandestinas y desplazamientos internos.

Familias regresan sin garantías de seguridad

Organizaciones civiles advierten que numerosas familias están regresando a sus comunidades sin condiciones adecuadas de seguridad.

Asimismo, otras enfrentan desplazamientos intermitentes provocados por amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y presencia de grupos armados.

Los especialistas consideran que las acciones gubernamentales continúan enfocadas principalmente en operativos de seguridad y asistencia humanitaria temporal, mientras persisten los desafíos relacionados con la reconstrucción comunitaria, la protección de víctimas y el retorno seguro de las familias desplazadas.

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