Desde 2018, el manejo de recursos destinados a la educación en México ha estado marcado por irregularidades, particularmente en estados donde opera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Auditorías revelan que el uso indebido del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) ha generado un daño cercano a los mil millones de pesos.
Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación documentan pagos a maestros que no acuden a clases, trabajadores no identificados y, en casos más graves, depósitos a personal fallecido.
Irregularidades sistemáticas en el manejo del FONE
Las anomalías detectadas por la ASF muestran un patrón recurrente en el uso del FONE, especialmente en entidades como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, donde la CNTE mantiene fuerte presencia.
En la Cuenta Pública 2018, se registraron daños por más de 221 millones de pesos, además de pagos por 661.7 millones a trabajadores no localizados y 73.7 millones a personal con licencias irregulares.
Estas cifras reflejan un esquema de desvío de recursos que se ha mantenido constante año con año.
Pagos a maestros fallecidos y trabajadores inexistentes
Entre 2019 y 2020, al menos 21 estados realizaron pagos por 156.4 millones de pesos a trabajadores ya fallecidos, según los informes oficiales.
En total, se documentaron 27 mil 854 pagos ilegales a más de 4 mil empleados difuntos. Solo en 2020, los depósitos a personas fallecidas ascendieron a 107.9 millones de pesos.
Estados como Michoacán y Oaxaca destacaron por no comprobar el destino de estos recursos, acumulando montos pendientes por aclarar.

Michoacán y Oaxaca repiten anomalías
Para 2021, los daños al erario sumaron más de 262 millones de pesos. En este periodo, Michoacán volvió a aparecer en los reportes con pagos indebidos a personal con baja definitiva, licencias sin goce de sueldo y trabajadores fallecidos.
En 2022, Oaxaca concentró el mayor daño nacional con más de 157 millones de pesos observados, equivalente al 87% del total.
La ASF detectó nóminas improcedentes, personal inubicable y pagos a docentes fallecidos, confirmando un esquema persistente de irregularidades.
Persisten desvíos en 2023 y sanciones en proceso
La Cuenta Pública 2023 mantuvo la tendencia, con daños por más de 121 millones de pesos en 13 estados. Chiapas encabezó la lista con más de 43 millones en irregularidades.
Las investigaciones revelaron pagos posteriores a bajas definitivas, percepciones fuera de tabuladores y transferencias a trabajadores fallecidos.
Ante estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación promovió sanciones administrativas contra funcionarios responsables.
Presión sindical y opacidad en el sistema
Las indagatorias apuntan a que los gobiernos estatales, aunque ejecutan los pagos, operan bajo presión de movilizaciones de la CNTE, como paros y plantones.
Esto ha derivado en prácticas como el pago a comisionados sindicales, falta de control en nóminas y retrasos en la actualización de registros de defunción.
El problema pone en evidencia un sistema con fallas estructurales que afecta el uso de recursos públicos destinados a la educación.
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