La Secretaría del Bienestar ha otorgado en lo que va de 2026 más de 800 millones de pesos en contratos públicos a la empresa Impresores en Offset y Serigrafía SA de CV, señalada por imprimir el periódico Regeneración, órgano de difusión vinculado a Morena.
Estos contratos, en su mayoría asignados por adjudicación directa, han generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la cercanía entre proveedores y el partido en el poder.
El caso cobra relevancia política debido al cambio reciente en la titularidad de la dependencia.
Contratos millonarios para programas sociales
Entre los contratos más relevantes destaca el otorgado el 1 de junio de 2026, identificado con el número 411.201.33604.038/2026, por un monto de 326 millones 717 mil 972 pesos.
Este acuerdo contempla servicios de impresión para la promoción del programa Salud Casa por Casa, estrategia del gobierno federal enfocada en atención médica preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad.
Previamente, en mayo, la misma empresa recibió otro contrato por 72 millones 320 mil pesos para materiales del programa Pensión Mujeres Bienestar.
Promoción de programas sociales concentra contratos
En abril, la Secretaría del Bienestar también adjudicó a la misma compañía un contrato por 413 millones 150 mil pesos para la difusión del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
En conjunto, estos contratos reflejan cómo la empresa concentra una parte significativa de la impresión de materiales oficiales vinculados a programas sociales prioritarios.
El esquema de asignaciones ha sido señalado por especialistas debido a la recurrencia de adjudicaciones directas.
Empresa con vínculos históricos con el obradorismo
La empresa Impresores en Offset y Serigrafía forma parte de un entramado empresarial con vínculos históricos con el círculo político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue fundada en 2001 por Carlos Javier Mondragón de la Garza, con un capital inicial de 10 mil pesos, y desde entonces ha crecido hasta consolidarse como proveedor recurrente del sector público.
Sus antecedentes incluyen contratos con dependencias y gobiernos locales desde la administración capitalina encabezada por López Obrador.

Expansión empresarial y contratos por miles de millones
Con el paso de los años, la familia Mondragón ha construido un conglomerado integrado por 19 empresas en sectores como:
- Bienes raíces
- Construcción
- Comercio exterior
- Producción audiovisual
- Industria textil
Este crecimiento ha permitido a la firma acumular contratos públicos por casi 4 mil millones de pesos desde 2018, consolidando su presencia en el sector gubernamental.
Participación en campañas y procesos electorales
La empresa también ha estado vinculada a procesos electorales relevantes.
Entre sus trabajos destacan colaboraciones en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, así como en la contienda de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México en 2017.
Más recientemente, su nombre ha sido mencionado en señalamientos sobre la impresión de materiales utilizados en la elección judicial de 2025.
Señalamientos recientes y polémica por propaganda
La imprenta ha sido señalada como presunta responsable de la producción de “acordeones” electorales, utilizados para promover el voto a favor de candidatos afines al oficialismo.
Estos señalamientos han incrementado la polémica en torno a la empresa, al vincularla tanto con contratos públicos como con actividades de carácter político-electoral.
Aunque no existe una resolución definitiva sobre estas acusaciones, el tema ha intensificado el debate público.

Debate por transparencia y uso de recursos públicos
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de contratos públicos, especialmente cuando se trata de proveedores con vínculos políticos.
Especialistas señalan que la recurrencia de adjudicaciones directas y la concentración de contratos en una sola empresa pueden generar dudas sobre la competencia y la rendición de cuentas.
El tema adquiere mayor relevancia en un contexto donde los programas sociales representan uno de los principales ejes del gasto público.
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