La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones administrativas y económicas a un total de 39 servidores públicos pertenecientes a diversas dependencias del Gobierno Federal, tras acreditarse su responsabilidad en la comisión de faltas graves y no graves. Las penalizaciones difundidas este domingo por la institución abarcan un amplio espectro de irregularidades, que van desde omisiones operativas menores hasta severos casos de desvío de recursos que derivaron en inhabilitaciones de dos décadas y multas multimillonarias.
El golpe financiero más severo recayó sobre la estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde los exfuncionarios Roberto V., Alberto M. y José Q. recibieron una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 20 años, mientras que su homólogo Francisco D. fue castigado con 10 años de veto. Adicionalmente, el grupo fue sancionado con una multa económica solidaria de mil 192.5 millones de pesos, luego de comprobarse que autorizaron la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que eran completamente innecesarios para el suministro de energía.
En el desglose de las conductas graves, que sumaron 17 empleados sancionados, figuran redes de abuso de confianza y desvío de recursos en áreas de salud y educación. Entre ellos destaca el caso de José R., exfuncionario adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad de Puebla, quien fue inhabilitado por una década tras lucrar de forma indebida con la venta ilícita de guías de mensajería por un monto de 152 mil pesos; una conducta similar a la de Guadalupe H., enfermera en Celaya, Guanajuato, retirada un año por exigir cobros indebidos a derechohabientes.
Del desvío en el Banco del Bienestar a las omisiones médicas
La Secretaría Anticorrupción también inhabilitó por 10 años a Francisco O., trabajador del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, por percibir salarios simultáneos de una plaza de estructura y de honorarios. Asimismo, se impusieron vetos de hasta una década a Esmeralda O., Verónica G. y Ana J., cajeras del Banco del Bienestar, por inconsistencias en los sistemas de operaciones bancarias; y a Carlos M., del INDAABIN, sancionado con 4.9 millones de pesos por transferir recursos públicos a su cuenta personal y apropiarse de una unidad vehicular oficial.
Por lo que respecta a las faltas clasificadas como no graves, el órgano fiscalizador procedió legalmente en contra de 22 servidores públicos distribuidos en organismos como la Guardia Nacional, Pemex, el Tren Maya, Profeco y la Secretaría de Cultura. Las resoluciones incluyeron amonestaciones públicas y suspensiones temporales de labores que oscilaron entre los seis y los 30 días, motivadas principalmente por descuidos en procesos de entrega-recepción, documentación irregular y negligencia en el servicio público.
Dentro de este último rubro llamó la atención de los analistas la amonestación dictada contra un médico del IMSS, quien fue suspendido de sus funciones por un periodo de 10 días tras confirmarse que suministró un tratamiento clínico inadecuado a un derechohabiente que contaba con un diagnóstico de fase terminal. Con la publicación de estos expedientes en este 2026, la dependencia reguladora busca enviar un mensaje contundente sobre la política de cero tolerancia a los abusos patrimoniales y las fallas en la atención ciudadana.
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