El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a un complejo turístico en Puerto Vallarta y a una red empresarial vinculada con un esquema de fraude de tiempo compartido que habría afectado a miles de ciudadanos estadounidenses.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó al complejo Kovay Gardens, así como a cinco personas y 17 empresas relacionadas.
Puerto Vallarta, bastión estratégico del CJNG
Muchas de las empresas sancionadas operan en o cerca de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, una región identificada por autoridades estadounidenses como un bastión estratégico del CJNG.
De acuerdo con Washington, el cártel no solo mantiene operaciones relacionadas con el tráfico de drogas —incluido el fentanilo— sino que ha diversificado sus fuentes de financiamiento hacia actividades como:
Fraude de tiempo compartido
Robo de combustible
Lavado de dinero mediante empresas fachada
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles “constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, ya sea mediante narcotráfico o esquemas fraudulentos.

¿Qué sancionó el Tesoro de EU y por qué vincula al CJNG?
Según el comunicado oficial, el fraude de tiempo compartido en México ha generado pérdidas por cientos de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses durante décadas.
Las autoridades señalan que la red operaba a través de centros de llamadas en México donde operadores angloparlantes contactaban a propietarios estadounidenses para ofrecer:
Supuestas reventas de tiempo compartido
Servicios de renta
Inversiones inmobiliarias
Las víctimas eran persuadidas para pagar “impuestos” o “cuotas administrativas” por adelantado mediante transferencias internacionales. El dinero nunca era recuperado.
Entre 2019 y 2023, el Federal Bureau of Investigation (FBI) recibió reportes de aproximadamente 6 mil víctimas, con pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.
Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 denuncias adicionales, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.

Investigación coordinada entre EU y México
La indagatoria fue encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Nueva York, con participación de:
El Federal Bureau of Investigation
La Drug Enforcement Administration (DEA)
El Servicio de Investigación Criminal del IRS
La U.S. Customs and Border Protection (CBP)
Además, la OFAC trabajó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó que recibió más de 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con este esquema, que identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en actividades potencialmente vinculadas.
Hacienda y UIF refuerzan bloqueos financieros
Tras el anuncio estadounidense, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que reforzó acciones contra la red vinculada al CJNG.
La UIF incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas.
Además:
Se identificaron transferencias internacionales relevantes
Se detectaron instrumentos financieros y participación accionaria en múltiples empresas
Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita
¿Cómo operaba el fraude en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas?
El Tesoro indicó que desde aproximadamente 2012 el CJNG tomó control de estafas en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas.
El esquema incluía:
Estafas de salida o reventa
Realquiler fraudulento
Supuestas inversiones inmobiliarias
Un patrón recurrente era el cobro anticipado de cargos inexistentes.
Las autoridades también detectaron esquemas de “revictimización”, donde los estafadores se hacían pasar por abogados o funcionarios para exigir nuevos pagos bajo la promesa de recuperar fondos perdidos.

Ofensiva financiera contra el CJNG
La designación de OFAC implica:
Congelamiento de activos en Estados Unidos
Prohibición de transacciones con personas estadounidenses
Restricciones financieras internacionales
Para Washington, golpear las finanzas del CJNG resulta estratégico para debilitar su estructura operativa, reducir su capacidad de expansión y frenar el flujo de recursos ilícitos.
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