El Pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Extorsión, que fija penas de 15 a 25 años de prisión para quienes cometan este delito. La modificación también homologa el marco jurídico, permite denuncias anónimas y ordena que el delito se investigue de oficio en todo el país.
Senado aprueba cambios y regresa la reforma a San Lázaro
En una sesión vespertina, los senadores votaron la reforma en lo general y en lo particular con 110 votos a favor. El documento regresará a la Cámara de Diputados después de que el Senado hiciera más de 20 cambios a 15 artículos, además de agregar un artículo transitorio.
La reforma eleva significativamente las penas. La propuesta original marcaba sanciones de 6 a 15 años, pero tras los ajustes quedaron entre 15 y 20 años, evitando que personas ya sentenciadas puedan obtener beneficios por disminución de penas.
Cambios para servidores públicos y control en cárceles
El Senado modificó la reserva presentada por Ricardo Monreal, que proponía penas menores para servidores públicos. Al final, se fijó una sanción de 10 a 20 años para cualquier funcionario que no denuncie una extorsión ante el Ministerio Público o la Policía.
También se impuso una pena de 6 a 12 años de prisión para quienes introduzcan dispositivos electrónicos o teléfonos a centros penitenciarios sin autorización.
Agravantes, uso de violencia y casos de “montachoques”
La reforma endurece las penas cuando se usan violencia o armas, agregando entre 3 y 17 años adicionales que pueden elevar la sentencia hasta 40 años de prisión.
Entre las agravantes también se incorpora el delito cometido mediante violencia física o moral para exigir pagos derivados de accidentes provocados a propósito, conocidos como “montachoques”.
La iniciativa incluye penas aumentadas si se utilizan armas reales o de apariencia de arma de fuego para amenazar o intimidar a las víctimas.
Unidades especializadas para investigar extorsión
A diferencia de la propuesta original, que dejaba las investigaciones en manos de unidades de secuestro de la FGR, el Senado modificó el artículo 13 para que las fiscalías estatales cuenten con unidades, policías, ministerios públicos y analistas especializados en extorsión, todos evaluados, capacitados y certificados.
Debate sin oposición y ambiente relajado en el pleno
La discusión avanzó sin obstáculos. No hubo votos en contra ni intervenciones para frenar la reforma. Incluso se observó al senador Adán Augusto López relajado y bostezando, mientras Félix Salgado Macedonio llevó nuevamente al pleno a los perros que mantiene en adopción.
Aun así, los senadores de oposición presentaron reservas, aunque solo se aprobó una: la del senador Ignacio Mier, quien incorporó una agravante relacionada con el uso de plataformas digitales para cometer extorsión, con penas de 5 a 12 años adicionales.
Reacciones de MC y PAN: “Golpe de timón” y sanciones necesarias
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, celebró que esta vez sí se escucharan las alertas de la oposición y reconoció que la reforma representa un “golpe de timón” al combate a la delincuencia.
Por su parte, la panista Guadalupe Murguía destacó que el aumento de penas era indispensable para evitar la liberación anticipada de delincuentes en entidades donde las sanciones por extorsión eran más altas que las propuestas en la minuta inicial.
Con información de Proceso
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