Tras ocho años de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó audiencia para imputar y vincular a proceso a Emilio Zebadúa González, señalado como presunto artífice intelectual y testigo colaborador de la Estafa Maestra.
El delito que se le imputa es enriquecimiento ilícito, un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más emblemáticos en México.
El largo camino judicial: carpeta de investigación de ocho años
La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) formalizó la acción penal bajo la carpeta FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002222/2017, instruida por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur recibió la solicitud, aunque la fecha de la audiencia aún no ha sido fijada, anticipándose a programarse con los nuevos jueces de control.
Con la reforma al artículo 19 constitucional, el enriquecimiento ilícito contempla prisión preventiva oficiosa, aunque no será automática en este caso, dado que los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018.
No obstante, un juez podría imponerla si considera que existe riesgo de fuga, dada la gravedad de los cargos y su historial legal.
La “Estafa Maestra”: desvío de recursos públicos
Zebadúa es identificado como el cerebro de la Estafa Maestra, mediante la cual Sedatu y Sedesol desviaron más de 5,073 millones de pesos a través de convenios con universidades en Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
El exfuncionario y su equipo falsearon firmas de exfuncionarios para justificar los desvíos, creando una red de simulación que permitió el saqueo de recursos federales.
En mayo pasado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició un procedimiento contra Zebadúa por inconsistencias en su declaración patrimonial de 2018, detectando un incremento injustificado de 899 mil 625 pesos, que sirvió de base para la acción penal de la FGR.
Fin de la inmunidad y cierre del ciclo de impunidad
Durante el sexenio de López Obrador, Zebadúa negoció su entrada a la FGR bajo criterio de oportunidad, obteniendo inmunidad a cambio de declarar sobre otros implicados y financiamiento de campañas políticas.
Con el cambio de sexenio, esa prerrogativa expiró, y la judicialización marca el inicio de su rendición de cuentas ante la justicia.
Con información de MSN
*BC
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