La reciente comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en la relación entre narcotráfico y política en Sinaloa. El capo denunció haber sido secuestrado en julio de 2024, cuando sus propios socios lo llevaron con engaños a una supuesta reunión donde estaría el gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena.
Según su versión, el encuentro buscaba resolver un conflicto político entre Rocha y el veterano rival Héctor Melesio Cuén. Sin embargo, el gobernador nunca asistió, Cuén fue asesinado y Zambada terminó en manos de las autoridades estadounidenses. Rocha negó cualquier participación y aseguró que se encontraba fuera de México, una coartada respaldada por la cúpula de su partido y el Gobierno federal.
Funcionarios estatales bajo sospecha
El Mayo vinculó a funcionarios de seguridad de Sinaloa con el Cartel. Entre ellos:
José Rosario Heras López, agente activo de la Fiscalía estatal, quien desapareció tras ser identificado como parte del equipo de seguridad de Zambada.
Rodolfo Cháidez, ex policía de investigación y parte de la guardia del Mayo, también desaparecido.
Incluso la Fiscalía estatal fue señalada de intentar encubrir la relación del asesinato de Cuén con el crimen organizado, hasta que la FGR intervino para frenar lo que describió como un intento de manipular la verdad.
Sobornos y acusaciones sin nombres
Zambada confesó haber pagado sobornos a policías, militares y políticos para garantizar sus operaciones de narcotráfico. Aunque no ofreció nombres, la declaración desató una ola de especulaciones entre oficialismo y oposición.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó que los involucrados pertenecen al ámbito estatal y municipal, apuntando la responsabilidad hacia las administraciones de Sinaloa, donde han gobernado el PRI y ahora Morena.
Narcopolítica: un fenómeno histórico
El caso no es aislado. La historia de Sinaloa muestra la constante conexión entre autoridades y narcotráfico:
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Sinaloa, fue policía y escolta de un exgobernador.
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, dos veces director de la Policía Ministerial, señalado durante años de proteger al Mayo y al Chapo, fue reincorporado en 2011 por el entonces gobernador Mario López Valdez.
Testimonios de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, confirmaron pagos de hasta 50 mil dólares mensuales para proteger a la familia Zambada durante gobiernos priistas.
Incluso bajo Morena, nombres vinculados a estos mandos reaparecieron en la estructura de la Fiscalía estatal.
Expertos: el narco y el poder político
“El crimen organizado en Sinaloa no se puede entender sin la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales. Incluso funcionarios de Estados Unidos han permitido la circulación de droga por décadas”, afirma el especialista Josué González.
El académico asegura que estas conexiones no son nuevas, sino parte del “ADN del Cartel de Sinaloa”, con raíces en décadas de alianzas políticas y criminales. Además, criticó la falta de investigación de las fiscalías sobre el flujo de recursos del narco en las estructuras gubernamentales.
Las declaraciones del Mayo Zambada no solo sacudieron a Sinaloa, sino que encendieron el debate nacional sobre la penetración del narcotráfico en la política mexicana. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum intenta deslindar responsabilidades, la oposición insiste en que las acusaciones deben ser investigadas a fondo para esclarecer los nexos entre el crimen organizado y gobernantes en funciones.
Con información de El País
*BC
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