Ciudad de México. La construcción del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprovechada por el grupo criminal “La Barredora” para introducir combustible robado y obtener beneficios económicos a través de la renta de terrenos, de acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En dichos documentos se revelan los planes de “La Barredora” para suministrar hasta 180 mil litros semanales de huachicol para los trabajos del Tren Maya en Campeche y, además, arrendar nueve hectáreas en Quintana Roo al gobierno federal. Las actividades criminales incluyen vínculos con altos funcionarios, como Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado como líder del grupo.
Vínculos políticos con “La Barredora”
Los informes militares identifican a Bermúdez Requena como el principal operador del grupo, quien fue designado como titular de la seguridad estatal en diciembre de 2019 por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco y actual senador de Morena.
Asimismo, Raúl Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario, coordinó los tramos 4 y 5 del Tren Maya hasta ser destituido por acusaciones de corrupción. Bermúdez Requena huyó del país en febrero de 2025, tras emitirse una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol por su presunta participación en el crimen organizado.
Diésel sin factura y negocios en Campeche
Documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, fechados en octubre de 2021, muestran cómo operadores de “La Barredora” negociaban el envío semanal de combustible ilícito para abastecer las obras del Tren Maya. El diésel, extraído del puerto de Dos Bocas, era ofrecido a precios inferiores al del mercado legal: entre 14.50 y 16.50 pesos por litro, sin facturación.
En una conversación interceptada, un operador de la organización afirma tener acceso a 300 ferrotanques con diésel ultra bajo en azufre (USLD) procedente de Estados Unidos, supuestamente adquirido a través del SAT, previo pago de un “25 por ciento”.
Terrenos rentados al gobierno federal
Además del suministro de huachicol, los reportes de Sedena exponen una estrategia para lucrar con la renta de terrenos en Quintana Roo, propiedad de la exesposa de uno de los cabecillas de “La Barredora”. A través de una red de prestanombres, se habrían gestionado contratos con el gobierno para alquilar nueve hectáreas a 700 mil pesos mensuales por cada una.
Los documentos detallan cómo los operadores pretendían legitimar el arrendamiento mientras mantenían conexiones directas con el grupo delictivo. Incluso se interceptaron conversaciones donde se recomendaba contactar al entonces titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, para destrabar gestiones relacionadas con estas tierras.
Denuncias y omisiones institucionales
Pese a los señalamientos contenidos en informes de inteligencia desde noviembre de 2019, Bermúdez Requena se mantuvo en el cargo durante años, aún después de que Adán Augusto López dejó la gubernatura para asumir la Secretaría de Gobernación. Su sucesor en Tabasco, Carlos Merino Campos, también lo mantuvo como secretario de Seguridad.
Actualmente, Merino Campos es director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo que administra más de 60 estaciones de combustible en el país.
Javier May rompe el silencio
En noviembre de 2024, el entonces recién nombrado gobernador de Tabasco, Javier May, reconoció públicamente los vínculos de Bermúdez Requena con “La Barredora” y exigió explicaciones sobre la presunta complicidad de gobiernos anteriores. “Todos saben, aquí era vox populi quién comandaba ‘La Barredora’”, dijo May en rueda de prensa.
Aunque MCCI ya había publicado documentos en 2022 que vinculaban al exsecretario de Seguridad con actividades delictivas, las autoridades federales no actuaron hasta que la situación escaló a una orden de captura internacional.
Una red de corrupción que alcanzó las obras emblemáticas
La revelación de estos informes pone en entredicho los controles del gobierno federal sobre los megaproyectos que han sido promovidos como emblemas del sexenio. Tanto el Tren Maya como la Refinería Olmeca en Dos Bocas estuvieron expuestos a la infiltración de redes delictivas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mientras tanto, las investigaciones continúan y se espera que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera profundicen en los nexos políticos y criminales que hicieron posible estas operaciones.
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