La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles la sanción impuesta al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por ejercer violencia política en razón de género contra una exdiputada federal.
Con esta resolución, Blanco será incluido durante un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre derechos de las mujeres.
Excluyó a una diputada de un evento público promovido por ella misma
La denuncia se originó por hechos ocurridos durante la organización del desfile cívico militar con motivo del CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla. La entonces diputada federal denunció que:
No fue convocada a las reuniones previas al evento.
Se le impidió instalar un templete previamente autorizado.
Se le negó el acceso al palco principal, a pesar de haber sido quien promovió el evento.
La Sala Regional Especializada determinó que la última conducta sí constituyó violencia política de género, al excluir a una mujer del espacio público que ella misma impulsó, lo que implicó su invisibilización y un impacto desproporcionado en su representación política.
Junto con Cuauhtémoc Blanco, también fue sancionado Arturo César Millán Torres, exdirector general de Logística del Gobierno de Morelos, por su participación en los hechos.
Ambos exfuncionarios impugnaron la resolución, alegando que no se había probado la negación del acceso al palco y que la organización del evento no era responsabilidad directa del gobernador.
Por su parte, la denunciante también impugnó la resolución, solicitando que se sancionara a más personas y por todas las conductas denunciadas.
Sala Superior del TEPJF ratifica fallo y desestima impugnaciones
En sesión pública, con proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior del TEPJF concluyó que los argumentos presentados eran infundados e inoperantes. El Tribunal respaldó la actuación de la Sala Regional Especializada y ratificó que la responsabilidad fue correctamente atribuida al entonces gobernador y al funcionario logístico.
Este fallo refuerza el criterio de que la exclusión deliberada de mujeres del espacio público y político sí configura violencia política de género, especialmente cuando limita su participación en actividades institucionales o de representación.
Con información de UnoTV
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