Yaquis rechazan a Hugo Aguilar Ortiz como presidente virtual de la SCJN: lo acusan de corrupción y despojo territorial
Violencia y corrupción en el Plan de Justicia Yaqui: la voz de la Nación Yaqui contra Hugo Aguilar
Miembros de la Nación Yaqui expresaron su profunda preocupación y rechazo ante el triunfo de Hugo Aguilar Ortiz como presidente virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las elecciones al Poder Judicial. Lo califican como un abogado “corrupto” y uno de los principales responsables del despojo territorial y la crisis que enfrenta su comunidad indígena.
La comunidad yaqui señala a Hugo Aguilar Ortiz como operador principal del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, mientras Aguilar coordinaba el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Este plan contemplaba la restitución de cerca de 20 mil hectáreas, créditos para vivienda, educación, salud y acceso al agua potable.
Sin embargo, para la tribu yoreme, este plan ha sido una herramienta de control que excluye a las autoridades tradicionales, dejando la toma de decisiones en manos del INPI, representado por Aguilar y Adelfo Regino.
“No queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”, declaró Fernando Jiménez, indígena y defensor del pueblo yaqui.
¿Cuál era la relación de Hugo Aguilar con AMLO y los indígenas?
Xóchitl Gálvez aseguró, el pasado 4 de junio, que Hugo Aguilar era el encargado de realizar las consultas en los pueblos indígenas para la aplicación de megaproyectos como el Tren Maya para convencer a las comunidades de realizar la obra.
Control político y exclusión de las autoridades tradicionales
Fernando Jiménez denunció que Aguilar y Regino impusieron acuerdos a puerta cerrada con otras dependencias federales y autoridades indígenas impuestas, sin la participación legítima de la tribu. Documentos y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencian prácticas discriminatorias, manipulación y división interna fomentada por funcionarios del INPI.
Además, según denuncias, estos funcionarios han utilizado recursos públicos para promover la corrupción dentro de las autoridades tradicionales y extorsionar a los líderes indígenas para que acepten acuerdos que favorecen al gobierno federal.
La situación se agrava con la presencia creciente del crimen organizado en territorio yaqui, que busca apoderarse de sus tierras y recursos naturales, incluso reclutando a niños y adolescentes como “halcones” o vigilantes armados. La tribu ha registrado alrededor de 50 personas desaparecidas o asesinadas, según denuncias ante la CNDH.
Intentos de coordinar medidas de seguridad con el gobierno estatal y federal han sido obstaculizados por el INPI y sus representantes, lo que dificulta una respuesta eficaz a la violencia.
Persecución política y acoso a defensores yaquis
Defensores y autoridades tradicionales han sido víctimas de persecución política, amenazas y acoso, especialmente en pueblos como Pótam y Vícam. En videos y denuncias públicas, han señalado a funcionarios del INPI y autoridades impuestas como responsables de la violencia y represión.
César Cota Tórtola, líder de la tropa Yoremia, responsabiliza a Hugo Aguilar Ortiz de la crisis actual, calificándolo de “traidor indígena” y de causar destrozos en la tribu y en la nación.
La voz de los yaquis contra Hugo Aguilar en la SCJN
La comunidad yaqui convoca a los pueblos indígenas del país a alzar la voz contra la designación de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte.
“No lo queremos ni queremos que tenga una representación legal, ni en la Suprema Corte de Justicia”, afirmó Agustín Molina, indígena yoreme.
El rechazo se basa en la acusación de corrupción, despojo y manipulación política que, según los yaquis, representa un grave retroceso para los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas en México.
Con información de El Financiero y Proceso
*BC
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