CIUDAD DE MÉXICO.— La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una fuerte advertencia contra el modelo de elección popular de jueces y magistrados implementado recientemente en México, al considerar que este “podría debilitar la imparcialidad, independencia y eficacia” del sistema judicial en lugar de fortalecerlo.
En su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral (MOE) —conformada por 16 expertos desplegados en territorio nacional— documentó baja participación ciudadana, falta de información, presuntas coacciones al voto, y un sistema que, lejos de representar un avance democrático, podría derivar en una judicatura electoralizada y dependiente del poder político.
Baja participación y múltiples irregularidades
La jornada electoral del 1 de junio, que marcó la primera vez en la historia del país que se eligieron por voto directo a más de 880 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se celebró con una participación del 13 % del padrón electoral. Además, el 10.80 % de los votos fueron nulos o no marcados, lo que refleja, según la MOE, una “falta de información clara” y una preparación “apresurada” del proceso.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la distribución de “acordeones” con listas de candidatos promovidos por operadores partidistas, lo cual podría constituir una violación directa a la libertad del sufragio. La Misión pidió investigar estos hechos con seriedad.
Reforma judicial inédita y cuestionada
Este proceso fue resultado de la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), la cual transformó radicalmente el mecanismo de selección del Poder Judicial. Si bien se argumentó que se trataba de una medida para acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, la Misión de la OEA advierte que el modelo puede derivar en una justicia condicionada por la opinión pública y los intereses partidistas.
El informe revela que:
Seis de los nuevos ministros fueron propuestos por el Poder Ejecutivo.
Tres ya formaban parte de la SCJN, lo que cuestiona la separación de poderes.
No existieron criterios técnicos claros ni evaluaciones estandarizadas para definir la idoneidad de los candidatos.
“Una justicia electoralizada”
Uno de los señalamientos más contundentes de la MOE es que el modelo mexicano incentiva la conformación de una “justicia electoralizada”, donde jueces y magistrados, al ser electos por voto popular y elegibles para reelección, podrían condicionar sus resoluciones a lo que el electorado espera, y no a los principios jurídicos.
“La necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado”, advierte el informe.
Además, cuestiona los mandatos de nueve años para jueces de distrito y magistrados de circuito, señalando que este diseño puede aumentar el riesgo de politización.
Coincidencias con ONU y CIDH
La OEA no es el único organismo internacional que ha levantado la voz. El informe señala que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han manifestado su preocupación sobre la compatibilidad del modelo mexicano con los estándares internacionales de independencia judicial.
Estas preocupaciones se centran en la integridad, autonomía y separación de poderes, principios esenciales para un sistema de justicia funcional y respetuoso del Estado de Derecho.
Advertencia de cara a 2027
De cara a las próximas elecciones judiciales en 2027, la MOE anticipa un aumento en los riesgos de injerencia política, ya que coincidirán con elecciones federales y estatales en todo el país. Esto podría intensificar la presión partidista sobre las candidaturas judiciales.
La OEA recomienda revisar el calendario electoral, establecer criterios técnicos mínimos y crear salvaguardas institucionales para proteger la independencia del Poder Judicial.
Conclusión provisional y mensaje contundente
Aunque la evaluación final de la Misión se dará una vez concluido el proceso y analizadas las investigaciones en curso, el mensaje inicial es claro:
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, enfatiza el documento.
Este informe representa una llamada de atención a México y a América Latina sobre los peligros de politizar la justicia bajo el pretexto de democratizarla.
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