WASHINGTON.— La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda civil del gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, con el argumento de que no existe un alegato “plausible” que los vincule directamente con el tráfico ilegal de armas hacia el crimen organizado en territorio mexicano.
“La demanda de México no tiene un alegato plausible respecto a los fabricantes y vendedores de armas que las venden de manera ilegal a los traficantes mexicanos”, expresó la jueza Elena Kagan, quien redactó el fallo en nombre de los nueve magistrados de la Corte.
La demanda, un intento inédito del gobierno mexicano
La acción legal fue interpuesta en 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ella, se acusaba a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos de facilitar indirectamente la violencia en México, al permitir el acceso de armas de alto poder a los cárteles del narcotráfico.
La demanda se presentó inicialmente ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, dirigida contra empresas como:
Smith & Wesson
Barrett Firearms Manufacturing
Beretta U.S.A.
Colt’s Manufacturing Company
Glock
Sturm, Ruger & Co.
Century International Arms
Entre otras.
Posteriormente, México también incluyó a vendedores minoristas en Arizona, acusándolos de prácticas negligentes que facilitaban el trasiego de armas.
Un argumento legal anulado
La ofensiva legal de México se basaba en el señalamiento de que la industria armamentista estadounidense violaba normas internacionales al fabricar y vender armas con conocimiento —implícito o explícito— de que terminarían en manos del crimen organizado mexicano.
Incluso se argumentó que algunos rifles semiautomáticos y pistolas de alto poder eran diseñados a petición expresa de narcotraficantes, adaptándose a sus preferencias en estética y funcionalidad.
No obstante, los jueces estadounidenses se alinearon con los argumentos de la defensa: la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) ofrece inmunidad a los fabricantes ante actos criminales cometidos con sus productos, a menos que se demuestre negligencia directa.
“La conexión del daño criminal que sostiene el gobierno de México es débil y carente de pruebas fehacientes”, sentenció la jueza Kagan.
Reacción desde México: aún hay terreno por explorar
En entrevista con Proceso, Alejandro Celorio, exconsejero jurídico de la SRE y principal arquitecto de la demanda, lamentó la resolución pero consideró que el fallo puede ofrecer insumos para futuras acciones.
“Los esfuerzos del gobierno de México deben continuar para que los fabricantes de armas estadounidenses hagan su parte en prevenir el trasiego de sus productos”, sostuvo Celorio.
También advirtió que la discusión sobre el tráfico de armas toma mayor relevancia en un contexto en que algunos cárteles han sido designados como grupos terroristas por ciertos actores políticos estadounidenses, lo que podría abrir nuevas rutas legales.
¿Qué sigue para México?
El fallo representa un revés jurídico para México, pero no necesariamente el fin del camino. Organizaciones civiles, diplomáticos y expertos en seguridad han sugerido otras vías para presionar a la industria armamentista estadounidense, incluyendo:
Reformas a leyes de comercio en EE.UU. que limiten la venta de armas de alto poder.
Cooperación bilateral más estricta en control fronterizo.
Sanciones diplomáticas o presiones desde foros internacionales como la ONU.
El gobierno mexicano aún no ha anunciado si recurrirá a instancias internacionales tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU.
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