Santiago Peña fue destituido de la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre de 2026 y quedó bajo arresto domiciliario por orden de la Fiscalía, en medio de la crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros.
El Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución, con el voto de los 44 legisladores presentes, al considerar que el mandatario incurrió en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.
Tras la resolución, el vicepresidente Pedro Alliana rindió protesta como nuevo presidente de Paraguay, con la responsabilidad de completar el periodo constitucional que concluye en agosto de 2028.
La decisión parlamentaria estuvo precedida por la intervención de Ueno Bank, una institución financiera que recibió importantes recursos públicos y cuya caída provocó protestas de ahorradores en Asunción.
¿Por qué destituyeron a Santiago Peña?
La crisis se desencadenó después de que las autoridades financieras intervinieran Ueno Bank el martes 3 de noviembre, ante problemas relacionados con su situación financiera y operaciones crediticias.
La medida dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros, lo que desató manifestaciones y exigencias de responsabilidades al gobierno.
Durante el juicio político, los legisladores señalaron a Peña por presuntamente utilizar su influencia para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia la institución.
Las acusaciones también incluyen el supuesto favorecimiento del banco mientras organismos reguladores pasaban por alto operaciones de crédito riesgosas.
Peña ha negado haber cometido delitos. Su destitución fue una decisión política del Congreso, distinta del proceso penal que ahora enfrenta.
El exmandatario había presentado su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso optó por continuar el procedimiento de destitución.
Ordenan arresto domiciliario contra Santiago Peña
Después de que el Senado aprobara su salida, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de Santiago Peña y del ex presidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding.
La Policía Nacional ejecutó la medida contra Peña en su residencia de Asunción durante la noche del viernes.
El expresidente quedó bajo resguardo domiciliario, a disposición de las autoridades encargadas de investigar posibles delitos económicos.
La investigación incluye señalamientos por presunta lesión de confianza, tráfico de influencias y uso indebido de funciones públicas vinculados con la administración de recursos relacionados con Ueno Bank.
La Fiscalía también abrió diligencias sobre actuaciones de funcionarios y exfuncionarios del sistema financiero y organismos estatales.
Las medidas de detención forman parte de la investigación y no constituyen una sentencia de culpabilidad.
Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay
Mientras se ejecutaba la orden contra Peña, Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay ante el titular del Congreso, Basilio Núñez.
Alliana había ocupado la Vicepresidencia desde el inicio del gobierno de Peña, en agosto de 2023, y ahora quedó al frente del Ejecutivo para completar el mandato hasta agosto de 2028.
La llegada del nuevo mandatario ocurre en medio de una crisis bancaria que también ha generado cuestionamientos hacia otros integrantes de la administración.
De acuerdo con las investigaciones reportadas, Alliana también figura entre los funcionarios cuyas actuaciones son examinadas por su posible relación con el caso financiero. Esto no implica que exista una responsabilidad penal acreditada en su contra.
El nuevo gobierno enfrenta las consecuencias inmediatas de la intervención del banco, particularmente las restricciones de acceso a depósitos y la situación de los recursos públicos comprometidos.
¿Qué pasó con los ahorros de los clientes de Ueno Bank?
La intervención de Ueno Bank afectó a usuarios que utilizaban sus cuentas para recibir ingresos, retirar efectivo y efectuar pagos.
Entre los afectados también figuran organismos y trabajadores cuyos recursos estaban relacionados con operaciones de la institución.
Los reguladores comenzaron a habilitar devoluciones para determinados depositantes, inicialmente con montos limitados.
De acuerdo con la información financiera difundida durante la crisis, la cobertura de garantía de depósitos alcanza aproximadamente al 97 por ciento de los clientes, aunque eso no significa que todos hayan recuperado inmediatamente su dinero.
Las consecuencias también llegaron a empresas que dependían de los servicios de la institución y a entidades públicas con recursos depositados o comprometidos en ella.
La caída del banco provocó movilizaciones de ahorradores, jubilados y trabajadores en Asunción, mientras el Congreso desarrollaba el juicio político.
*BC
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