Irán ejecutó a Majid Adineh, detenido durante las protestas antigubernamentales de enero de 2026 y condenado por cargos relacionados con la seguridad nacional, luego de que las autoridades lo acusaran de realizar acciones en favor de Estados Unidos, Israel y grupos considerados hostiles.
La sentencia fue ejecutada la mañana del domingo 23 de agosto, después de que el Tribunal Supremo iraní confirmara la pena impuesta por el Tribunal Revolucionario de Karaj. Además de la condena a muerte, se ordenó la confiscación de sus bienes.
Majid Adineh fue detenido durante las protestas de enero
Adineh había sido capturado el 9 de enero de 2026 en Mohammadshahr, cerca de Karaj, por fuerzas de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, en medio de las movilizaciones que se extendieron por distintas ciudades iraníes.
La versión de las autoridades sostiene que durante la detención fueron asegurados una pistola, tres cargadores, 30 cartuchos, dos dispositivos eléctricos, dos aerosoles de gas lacrimógeno, una motosierra recargable y recipientes con gasolina. Peritajes citados por el Poder Judicial señalaron además que el arma habría sido utilizada durante incidentes ocurridos los días 8 y 9 de enero.
Estas afirmaciones corresponden a la investigación de las autoridades iraníes y no han sido verificadas de manera independiente en todos sus extremos.
Irán lo acusó de actuar en favor de EU e Israel
Entre los cargos atribuidos a Adineh figuraron realizar “acciones operativas” en beneficio de Estados Unidos, Israel y grupos hostiles, incendio intencional, conspiración contra la seguridad interna, propaganda contra el Estado y posesión ilegal de armas.
También fue procesado por moharebeh, figura del derecho iraní traducida habitualmente como “enemistad” o “guerra contra Dios”, que puede conllevar la pena de muerte. El Tribunal Revolucionario de Karaj determinó su responsabilidad y el Tribunal Supremo confirmó posteriormente el fallo.
Desde su detención hasta la ejecución transcurrieron poco más de siete meses, un periodo que ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las condiciones y transparencia del procedimiento.
Organizaciones cuestionan las garantías del proceso
Grupos dedicados al seguimiento de derechos humanos en Irán han señalado que existen vacíos sobre el acceso de Adineh a una defensa independiente, las condiciones de sus interrogatorios y las pruebas utilizadas durante el juicio.
Algunas organizaciones sostienen además que las declaraciones difundidas por las autoridades fueron obtenidas bajo coacción. Esa acusación no ha podido comprobarse independientemente y debe distinguirse de la versión oficial, que afirma que la sentencia estuvo respaldada por documentos, peritajes y declaraciones incorporadas al expediente.
El caso ocurre dentro de una escalada de condenas a muerte relacionadas con las protestas de enero. Hasta el 28 de julio, Amnistía Internacional había documentado al menos 26 ejecuciones de personas declaradas culpables por delitos vinculados con esas movilizaciones y advertía que al menos otras 60 permanecían en peligro de ser ejecutadas.
Crece presión internacional por las ejecuciones en Irán
Las protestas comenzaron a finales de diciembre de 2025 en un contexto de deterioro económico y aumento del costo de vida, y posteriormente evolucionaron hacia una movilización nacional contra el gobierno.
Amnistía Internacional ha denunciado que durante 2026 las autoridades iraníes incrementaron el uso de cargos de seguridad nacional, incluidos espionaje y colaboración con Estados considerados hostiles, contra personas detenidas durante las manifestaciones. La organización también ha documentado denuncias de tortura, ausencia de abogados durante etapas de investigación y uso de confesiones obtenidas bajo presión en diversos procesos.
El 12 de agosto, decenas de países europeos y occidentales, junto con la representación exterior de la Unión Europea, condenaron las ejecuciones de manifestantes y pidieron a Irán terminar con el uso de la pena capital y liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
La ejecución de Majid Adineh agrega ahora un nuevo caso a una política de pena de muerte que continúa bajo escrutinio internacional, mientras persisten diferencias entre la versión de las autoridades iraníes y las denuncias sobre las garantías otorgadas a los detenidos.
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