Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y su administración para impugnar los nuevos aranceles globales aplicados a las importaciones provenientes de la mayoría de sus socios comerciales.
Los estados demandantes argumentan que los nuevos gravámenes, de entre 10% y 12.5%, exceden las facultades legales del gobierno federal y solicitaron al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que sean anulados.
La acción legal fue encabezada por Oregón, Arizona y California, y respaldada por otras 22 entidades, todas gobernadas por integrantes del Partido Demócrata.
Estados acusan que los nuevos aranceles de Trump son ilegales
En la demanda presentada ante el tribunal con sede en Manhattan, los estados señalaron que los impuestos comerciales implementados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tienen un alcance demasiado amplio.
Los demandantes aseguraron que las medidas no cumplen con los objetivos establecidos por la propia administración de Donald Trump y que la autoridad comercial habría superado los límites establecidos por la legislación estadounidense.
Los nuevos aranceles internacionales fueron anunciados a finales de julio, poco antes de que concluyera un gravamen temporal del 10% aplicado previamente a diversos productos importados.
La administración estadounidense justificó la medida con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite imponer restricciones cuando se consideran afectadas las condiciones comerciales del país.
En esta ocasión, el gobierno argumentó que los aranceles estaban relacionados con una investigación sobre el supuesto uso de trabajo forzoso en el extranjero.
Demandantes cuestionan el uso de argumentos laborales para aplicar tarifas
Los estados que interpusieron la demanda afirmaron que respaldan la protección de los derechos laborales y rechazan cualquier forma de trabajo forzoso.
Sin embargo, consideraron que ese argumento no puede utilizarse para justificar un programa de aranceles globales que, desde su perspectiva, viola las normas legales establecidas.
Además, acusaron al representante comercial estadounidense Jamieson Greer de no haber cumplido con los procedimientos requeridos para aplicar este tipo de medidas comerciales.
Por ello, solicitaron al tribunal dejar sin efecto los nuevos impuestos y ordenar la devolución de los pagos realizados por los importadores afectados.
Trump enfrenta nueva batalla legal por su política arancelaria
La demanda se suma a una serie de disputas judiciales que la administración de Donald Trump enfrenta por su estrategia comercial.
En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que algunos aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) eran ilegales.
Tras esa resolución, miles de empresas solicitaron la devolución de aproximadamente 166 mil millones de dólares recaudados mediante esos gravámenes.
Posteriormente, Trump estableció un nuevo arancel global del 10% utilizando el artículo 122 de la Ley de Comercio. Aunque un tribunal especializado también consideró ilegal esa medida, permitió que continuara vigente mientras avanzaba el proceso de apelación.
Empresas también impugnan los nuevos aranceles
Además de la demanda presentada por los estados, empresas privadas también han iniciado acciones legales contra la política comercial de la administración Trump.
Entre ellas se encuentran Burlap and Barrel Inc. y Collective Horology LLC, compañías que cuestionaron la investigación realizada por la USTR.
Las empresas argumentaron que la autoridad comercial utilizó criterios generales sobre el trabajo forzoso y las cadenas internacionales de suministro, sin demostrar de manera específica cómo las prácticas de cada país afectaban al comercio estadounidense.
El conflicto legal podría extenderse durante los próximos meses mientras los tribunales analizan la legalidad de los nuevos aranceles impuestos por Trump.
*BC
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