Las protestas contra la represión y las redadas antimigrantes ordenadas por el presidente Donald Trump han cobrado fuerza en diversas ciudades de Estados Unidos. Líderes sindicales, activistas y ciudadanos exigen la liberación del líder sindical David Huerta y el cese de las operaciones migratorias que afectan a comunidades vulnerables.
Desde Washington D.C. hasta Los Ángeles, el movimiento sindical y civil ha tomado las calles en rechazo a las medidas migratorias. "Queremos libre a David Huerta y que las redadas de ICE se frenen ahora", declaró Jaime Contreras, líder del Sindicato de Trabajadores de Servicios (SEIU).
La detención violenta de Huerta en Los Ángeles el pasado viernes, mientras observaba una manifestación, ha provocado una respuesta en cadena con más de 30 protestas en todo el país.
EU duplica presencia militar en Los Ángeles; hay 4,700 soldados
Estados Unidos movilizó ayer a dos mil elementos de la Guardia Nacional para responder a las protestas promigrantes en Los Ángeles, que ayer cumplieron cuatro días, anunció el Pentágono.
Ellos se suman a los otros dos mil que ya estaban en las calles de la ciudad californiana, con lo cual, el gobierno de ese país duplicó su presencia militar en las calles de esta ciudad de cuatro millones de habitantes.
Adicional a este anuncio, el ejército ordenó el despliegue de 700 marines en Los Ángeles, con el fin de inhibir las protestas en defensa de los migrantes, activas desde el viernes pasado, anunció el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglás en inglés).
“Aproximadamente 700 infantes de marina del Segundo Batallón, Séptimo Regimiento de Marines, Primera División de Marines, se integrarán a las fuerzas de Título 10 de la Fuerza de Tarea 51, que protegen al personal y la propiedad federal en el área metropolitana de Los Ángeles”, añadió ICE.
Crece presión sindical y comunitaria
Frente al Departamento de Justicia en Washington, los manifestantes corearon consignas como "Liberen a David ahora" y "Alto a las redadas de ICE", demostrando solidaridad con los trabajadores inmigrantes. Liz Shuler, presidenta de AFL-CIO, condenó la represión y afirmó: "Nuestro país sufre cuando se ataca a trabajadores que solo buscan una vida mejor".
Las reacciones iniciales contra las redadas fueron encabezadas por inmigrantes. Sin embargo, Contreras, originario de El Salvador, advirtió que las políticas de Trump representan un ataque generalizado. "No se trata solo de comunidades migrantes, todos estamos bajo ataque por este presidente", señaló.
En ciudades como Boston, Chicago y Nueva York, líderes sindicales reiteraron que las medidas de Trump perjudican a toda la clase trabajadora. "No dejaremos a nadie atrás. Estaremos aquí hasta que liberen a nuestro hermano David y pongan fin a estas redadas", enfatizó Shuler.
Protestas se extienden a más ciudades
El arresto de Huerta y el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles han intensificado las movilizaciones. Miles de manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad para exigir su liberación y denunciar la represión contra inmigrantes.
En Nueva York, cientos de sindicalistas expresaron su rechazo a la política migratoria con pancartas que afirmaban "Los inmigrantes son esenciales". "Tocaron al sindicato equivocado. Ahora verán con quién se metieron", declaró un organizador de SEIU en la ciudad.
Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, reafirmó la necesidad de proteger a los inmigrantes: "De Los Ángeles a Nueva York, protegeremos a los inmigrantes porque son la espina dorsal de nuestro país".
Las manifestaciones han contado con el respaldo de distintos gremios. Representantes del sindicato de comunicación, automotriz y la organización laboral judía Workers Circle, así como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, se han comprometido a luchar contra la agenda antimigrante y anti-trabajador impulsada por Trump.
La presidenta nacional de SEIU, April Verrett, destacó la gravedad de la situación que enfrentan los trabajadores inmigrantes en el país. "Imaginen cómo se siente ver a compañeros arrastrados por agentes, sabiendo que sus hijos podrían no verlos nunca más", denunció.
Tras días de protestas, Huerta fue liberado en Los Ángeles al pagar una fianza de 50,000 dólares. Sin embargo, enfrenta cargos por “conspirar para interferir contra un oficial”, delito que conlleva una pena máxima de seis años de prisión en caso de ser declarado culpable.
Las protestas no cesan y los sindicatos advierten que seguirán movilizándose para proteger los derechos de los inmigrantes y trabajadores en Estados Unidos.
Con información de La Jornada y Excélsior
*BC
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