Pacientes y trabajadores del Centro Médico “Dr. Juan Puig Palacios” del ISSET, en Villahermosa, observaron una escena poco habitual: elementos armados recorrieron las instalaciones hospitalarias para ejecutar una orden de aprehensión contra una enfermera que se encontraba en el inmueble.

La intervención ocurrió la tarde del miércoles 9 de septiembre. La trabajadora fue identificada como Juana “N” y videos difundidos del operativo muestran a los agentes rodeándola y posteriormente escoltándola esposada hacia la salida del hospital.

El motivo atribuido a la orden es la presunta responsabilidad por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, un delito previsto en la legislación penal de Tabasco. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco confirmó la existencia del mandamiento judicial y precisó que el procedimiento era ajeno a las funciones que desempeñaba la trabajadora dentro de la institución.

Elementos armados entraron al hospital para detener a Juana “N”

El despliegue involucró a elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal especializado de seguridad estatal, con reportes que sitúan en alrededor de una veintena el número de participantes.

Algunos de los uniformados portaban armas largas mientras avanzaban por áreas del hospital en las que permanecían derechohabientes, médicos, enfermeras y trabajadores administrativos.

Las grabaciones muestran parte del recorrido de los agentes por las instalaciones y posteriormente el momento en que Juana “N” es conducida bajo custodia. La movilización provocó sorpresa entre las personas que estaban en el centro médico, aunque el procedimiento concluyó sin que se registraran enfrentamientos.

El ISSET informó que colaboró institucionalmente para permitir el cumplimiento de la orden de aprehensión y señaló que las actividades médicas continuaron de manera normal después del operativo.

¿De qué acusan a la enfermera detenida en Villahermosa?

El señalamiento contra Juana “N” corresponde a su presunta responsabilidad en incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con la información difundida alrededor del procedimiento judicial.

Este delito está regulado por el Código Penal para el Estado de Tabasco. El artículo 206 establece que incurre en esta conducta quien no proporciona los recursos necesarios para la subsistencia de las personas respecto de las cuales tiene un deber legal.

La legislación contempla una pena de seis meses a dos años de prisión, además de una multa equivalente a entre 50 y 250 días y la suspensión de uno a cinco años de derechos de familia respecto de las personas afectadas. Las mismas sanciones pueden aplicarse a quien se coloque deliberadamente en insolvencia con el propósito de incumplir sus obligaciones de asistencia alimentaria.

La sanción puede aumentar si existe una resolución judicial

El artículo 207 del mismo Código establece que, cuando el incumplimiento ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones previstas pueden incrementarse en una tercera parte.

La normativa también contempla mecanismos para regularizar el cumplimiento. El artículo 208 señala que puede no imponerse una pena o no ejecutarse la ya determinada cuando la persona imputada cubre las cantidades que dejó de suministrar, se somete al régimen de pago fijado por el órgano jurisdiccional y garantiza las obligaciones futuras.

Además, el artículo 15 Bis incluye el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar entre los delitos perseguibles por querella, es decir, dentro de aquellos para los cuales la legislación exige la actuación de la persona legitimada para iniciar o impulsar el procedimiento bajo las reglas correspondientes.

VIDEO convierte el operativo dentro del ISSET en un caso viral

La escena adquirió mayor repercusión por los videos grabados dentro del hospital. En ellos se observa a elementos uniformados desplazándose por las áreas médicas mientras pacientes esperan atención, hasta que la enfermera es retirada bajo custodia.

El contraste entre el despliegue armado dentro de un centro hospitalario y el delito atribuido a la trabajadora generó cuestionamientos públicos sobre la magnitud de la intervención. El operativo, sin embargo, tuvo como objetivo ejecutar una orden de aprehensión previamente emitida contra Juana “N”.

La detención quedó así dividida en dos planos: por una parte, el impacto de ver a integrantes de distintas corporaciones armadas dentro de un hospital; por otra, un procedimiento relacionado con un presunto incumplimiento de obligaciones familiares, cuya responsabilidad deberá resolverse dentro del proceso penal correspondiente.

*OCR