La audiencia de etapa intermedia en contra de Carlota N y sus dos hijos se llevó a cabo este martes, en un proceso judicial por el delito de homicidio contra presuntos invasores.
Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público solicitó penas máximas para los tres imputados, lo que marca un giro clave en el avance del caso.
Fiscalía solicita penas de hasta 210 años de prisión
En el desarrollo de la audiencia, la representación legal del Estado pidió una condena de:
- 140 años de prisión para Carlota N
- 210 años de prisión para sus hijos, Mariana y Eduardo
Las autoridades argumentan que los tres están implicados en el doble homicidio de dos personas, presuntamente relacionadas con la invasión de un inmueble.

Imputados rechazan procedimiento abreviado y optan por juicio
Durante el acto jurídico, el juez de control cuestionó a los imputados si deseaban acogerse a un procedimiento abreviado, mecanismo que permite reducir la pena a cambio de aceptar responsabilidad.
No obstante, Carlota N y sus hijos rechazaron esta opción y decidieron continuar con el proceso judicial.
La defensa aseguró que buscarán demostrar que los hechos ocurrieron en un contexto de legítima defensa.
Audiencia continuará el 30 de abril con nuevas pruebas
El Ministerio Público solicitó la continuación de la audiencia para el próximo 30 de abril, fecha en la que se prevé la presentación de nuevos testigos y pruebas.
El juzgado validó la petición, por lo que en esa fecha se desahogarán los elementos probatorios que definirán el rumbo del proceso.
Legítima defensa, eje central del juicio
El argumento de la legítima defensa será clave en el desarrollo del juicio, ya que la defensa sostiene que los acusados actuaron para proteger su integridad y patrimonio.
Por su parte, la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad penal de los imputados con base en las pruebas que presentará en la siguiente etapa.
Caso genera atención por posible precedente legal
El caso ha generado interés debido a las altas penas solicitadas y al debate en torno a los límites de la legítima defensa en México.
La resolución del juicio podría sentar un precedente relevante en casos similares relacionados con conflictos por invasión de propiedades.
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