Un conductor del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” fue suspendido luego de ser denunciado por privar de la libertad a turistas extranjeros, aumentar de forma arbitraria la tarifa de un viaje y conducir de manera temeraria para intimidarlos.
Los hechos se registraron el 2 de abril en Playa del Carmen, cuando un turista solicitó un servicio mediante la aplicación InDrive.
De acuerdo con la denuncia:
- El viaje tenía un costo acordado de 100 pesos
- Al llegar al destino, el conductor exigió 200 pesos
- Argumentó supuestas comisiones y falta de cambio
Ante la negativa de los pasajeros de pagar el sobreprecio, el chofer —identificado como Óscar— reaccionó de forma agresiva.
Privación de la libertad y conducción peligrosa
El operador de la unidad 445 inició una marcha a alta velocidad que se prolongó por aproximadamente 35 minutos, durante los cuales mantuvo a los turistas dentro del vehículo contra su voluntad.
Durante ese tiempo, el conductor:
- Ignoró semáforos y normas de tránsito
- Condujo de forma temeraria
- Amenazó con llevar a los pasajeros a la cárcel
La situación obligó a las víctimas a acceder al pago exigido para poder descender de la unidad.
Intento de agresión y huida
Tras recibir el dinero, el conductor no solo huyó del lugar, sino que además intentó atropellar a uno de los jóvenes como represalia, lo que agravó la denuncia.
El caso se viralizó rápidamente luego de que se difundiera un video en redes sociales que evidenció la actitud agresiva del taxista.
Autoridades intervienen y aplican sanciones
Luego del impacto mediático, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) tomó acciones inmediatas.
La autoridad determinó:
- Suspender al conductor de sus funciones
- Retirar temporalmente su licencia de conducir
- Iniciar investigaciones correspondientes
Estas medidas buscan garantizar la seguridad de usuarios y sancionar conductas que afecten la imagen del destino turístico.
Un caso que impacta la imagen turística
El incidente ocurre en uno de los destinos más visitados de México, lo que genera preocupación sobre la seguridad y la calidad del servicio de transporte.
Casos como este ponen en evidencia la necesidad de reforzar la regulación y supervisión del transporte público, así como proteger los derechos de turistas nacionales y extranjeros.
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