La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Eduardo Enrique Gómez García, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su presunta participación en una red de contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño patrimonial asciende a 5 mil 112 millones de pesos.
El caso está directamente relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, y quien habría planeado el desvío de recursos mediante 10 contratos simulados durante su gestión.
¿Qué informó la FGR sobre la detención?
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, confirmó que la aprehensión de Gómez García se realizó en Izúcar de Matamoros, Puebla, como resultado de labores de inteligencia y coordinación con el gabinete de seguridad federal.
De acuerdo con las investigaciones, el ex funcionario habría firmado contratos irregulares entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, periodo en el que se desempeñó dentro del sistema penitenciario federal.
Por estos hechos, un juez libró orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Red de contratos simulados en cárceles federales
La FGR sostiene que los contratos fueron utilizados para extraer recursos públicos a través de empresas fachada vinculadas al entorno de García Luna, beneficiando a ex funcionarios y a integrantes de su familia.
El daño económico estimado por las autoridades asciende a 5 mil 112 millones de pesos, uno de los desfalcos más graves documentados en el sistema penitenciario federal.
Otros detenidos vinculados al caso García Luna
Ulises Lara recordó que, en este mismo expediente, recientemente fueron detenidos Jesús Alberto Caballero Tardaguila y María Vanesa Pedraza Madrid, ambos ex servidores públicos relacionados con la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Un juez vinculó a proceso a Caballero Tardaguila por delincuencia organizada y peculado, dictándole prisión preventiva oficiosa en el Cefereso 1, Altiplano, además de otorgar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Entre 2013 y 2015, Jesús Alberto habría participado en la simulación de contratos de adquisición de servicios, con el objetivo de desviar recursos públicos.
Empresa fachada y desvío millonario
En el caso de María Vanesa Pedraza Madrid, la FGR informó que fue vinculada a proceso y enviada al Cefereso 16 de Morelos, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la FEMDO, la ex funcionaria habría actuado como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., utilizada para mover recursos a través del sistema financiero y concretar el desvío de los 5 mil 112 millones de pesos, presuntamente con destino final a Genaro García Luna y su círculo familiar.
La mujer colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública entre 2001 y 2012, y fue nombrada apoderada legal de la empresa en octubre de 2019.
Con información de Milenio
*BC
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