La frase clave principal desplazamiento forzado en Moris y Uruachi refleja la tragedia que viven al menos diez comunidades indígenas warijó y pimas en la Sierra Tarahumara, quienes abandonaron sus hogares tras el estallido de drones con explosivos, asesinatos y saqueos por parte del grupo criminal Los Salazares, brazo del Cártel de Sinaloa.
Desde el 16 de junio, el municipio de Moris, y posteriormente Uruachi, registraron una escalada violenta con incursiones de comandos armados y ataques aéreos caseros. Las agresiones buscan el control de la zona minera, rica en depósitos de oro, lo que obligó también a empresas extractivas a retirarse.
Testimonios de horror y abandono
Víctimas de este nuevo episodio de violencia denunciaron que los criminales incendiaron viviendas, asesinaron a inocentes y usaron drones para bombardear comunidades como El Zapote, Chiltepín, La Finca, La Ciénega y Sahuayacancito. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua recibió reportes formales pero sin brindar detalles sobre el número de víctimas o daños.
Los agresores, identificados como Los Salazares, buscan expandirse desde sus territorios tradicionales —Guazapares, Urique y Chínipas— hacia nuevos municipios fronterizos con Sonora. De acuerdo con testimonios, los ataques han sido encabezados por Hugo Guerrero Encinas, alias “01”, recientemente liberado tras ser detenido en 2011.
Sin respuesta institucional
Pese a los múltiples reportes, los desplazados señalaron la indiferencia de las autoridades locales, e incluso acusaron a elementos del Ejército y Guardia Nacional de burlarse de las solicitudes de ayuda. Por ello, indígenas warijó y pimas viajaron a la Ciudad de México entre el 19 y 20 de junio para denunciar los hechos ante la SEDENA, Segob y la CNDH.
Uno de los portavoces, Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad La Finca Pesquera, pidió ayuda urgente para garantizar el retorno seguro a sus tierras. Las comunidades afectadas advirtieron que ya han huido miles de personas y difundieron un comunicado en redes sociales pidiendo visibilizar la crisis humanitaria.
Violencia histórica y disputa por recursos
La incursión de Los Salazares en Moris y Uruachi revive los antecedentes de violencia en el corredor minero y turístico que va de Chínipas a la frontera con Sonora. El grupo, fundado por Adán Salazar Zamora, ha operado desde los años 90 con actividades que incluyen siembra de amapola, marihuana y producción de metanfetaminas.
Durante una audiencia judicial reciente por el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el analista delictivo Manuel Salvador Torres Borunda presentó un informe que vincula a este grupo con múltiples crímenes entre 2005 y 2011, incluida la ejecución de funcionarios y periodistas. Hoy, sus redes se extienden hasta Agua Prieta, Magdalena, Caborca y San Luis Río Colorado, en Sonora.
Ganaderos, agricultores y mineros, las principales víctimas
Los warijó y pimas desplazados se dedicaban a la agricultura, ganadería, minería artesanal y pesca. Según relataron, dejaron sus tierras, cultivos y animales por temor a ser ejecutados, torturados o desaparecidos. La violencia también ha forzado el cierre de operaciones mineras legales, generando pérdidas económicas y sociales.
En su comunicado público, las comunidades advierten que el crimen organizado ha sometido a torturas, castigos inhumanos y mutilaciones a personas inocentes, incluidos niños, mujeres y adultos mayores, para obtener supuesta información.
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