Organizaciones especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes aceptaron como un avance el decreto presidencial del pasado 14 de octubre para regular las plataformas digitales y establecer medidas contra la violencia, el abuso sexual, el acoso y los contenidos relacionados con autolesiones.
Pero la disposición, consideran, presenta vacíos en materia de supervisión, protección de datos personales y prevención de riesgos de censura y criminalización.
ChildFund México y Save the Children afirmaron que la nueva regulación representa un primer paso para responsabilizar directamente a las empresas tecnológicas de ofrecer entornos virtuales seguros, mediante mecanismos de identificación de contenidos perjudiciales, verificación de edad, controles parentales y protocolos para atender incidentes que involucren a menores de edad.
Las organizaciones coincidieron en que el decreto necesita reglas de implementación más precisas, mecanismos independientes de vigilancia y políticas públicas integrales que garanticen los derechos de las infancias y adolescencias, sin restringir su acceso a herramientas digitales ni vulnerar su privacidad.
Una de las deficiencias, reconoce una investigación de Animal Político, se relaciona con la supervisión del cumplimiento de las nuevas obligaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum estableció un plazo de 30 días para que las plataformas documenten sus protocolos de seguridad, pero las organizaciones advirtieron que la disposición no contempla mecanismos inmediatos de sanción en caso de incumplimiento.
ChildFund México estimó que dejar en manos de las propias empresas tecnológicas la elaboración de reportes y autoevaluaciones compromete la objetividad de los resultados, debido a que las compañías serían responsables de informar sobre sus propias prácticas sin que exista un órgano regulador independiente con capacidades técnicas suficientes para verificar la información.
Supervisar plataformas como Meta, TikTok, Google, X, Apple, Microsoft y Huawei requiere conocimientos especializados en auditoría digital, funcionamiento de algoritmos y análisis de riesgos computacionales. Sin estas herramientas, advirtió, el Estado dependerá de los datos proporcionados por las mismas empresas sujetas a revisión.
Otro de los puntos de preocupación es la verificación de edad, debido a que los mecanismos utilizados podrían implicar la recopilación de identificaciones oficiales, información personal o datos biométricos de las personas usuarias.
Nancy Ramírez, representante de Save the Children, señaló que la simple declaración de edad al registrarse en una plataforma resulta insuficiente, advirtió que exigir información personal para comprobarla puede generar riesgos de privacidad y facilitar el perfilamiento comercial de menores de edad.
Como alternativa, propuso considerar modelos de credenciales anonimizadas, similares a experiencias utilizadas en la Unión Europea, que permiten comprobar si una persona supera determinado límite de edad sin revelar su nombre ni su identidad real.
Consideró que retirar contenidos únicamente por contener determinadas palabras podría limitar el acceso a información necesaria para las personas adolescentes.
En cuanto a la colaboración entre plataformas y autoridades, el decreto establece la obligación de conservar durante 90 días las evidencias de incidentes graves y habilitar canales de alerta inmediata con las instancias correspondientes.
La preocupación radica en que una respuesta policial o punitiva desproporcionada ante publicaciones realizadas por adolescentes durante una crisis emocional o situaciones de conflicto podría derivar en procesos de criminalización injustificada o en una exposición innecesaria de las personas menores de edad.
La representante de Save the Children señaló que las autoridades y las empresas deben distinguir entre riesgos y delitos para establecer respuestas proporcionales a cada situación. También consideró que un decreto no garantiza por sí mismo mecanismos suficientes de exigibilidad y acceso a la justicia.
Como complemento a las medidas regulatorias, ChildFund México presentó una Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, dirigida a madres, padres y tutores para identificar riesgos, atender agresiones y fortalecer la seguridad en internet.
Asimismo, el reporte OPINNA 2022, denominado Navegación Segura y elaborado por el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), refiere que 53 por ciento de las personas menores de edad encuestadas tenía entre sus seguidores en redes sociales a personas desconocidas, mientras que 12 por ciento había recibido solicitudes de fotografías privadas.
La guía clasifica los riesgos digitales en cuatro categorías: contacto, relacionados con interacciones con desconocidos y posibles casos de suplantación de identidad, extorsión o grooming; contenido, que comprende la exposición a material pornográfico, racista, violento o que promueva el odio; conducta, vinculada con el ciberacoso, la difusión de imágenes íntimas y otras agresiones entre usuarios, y privacidad, relacionada con la exposición de información personal y contraseñas.
En caso de violencia digital, el documento recomienda conservar mensajes, fotografías y registros almacenados en los dispositivos, en lugar de eliminarlos, debido a que pueden constituir evidencia para las investigaciones. También aconseja registrar la edad real al crear cuentas para activar los mecanismos de protección disponibles y utilizar herramientas de control parental para administrar contenidos, tiempos de conexión y descargas.
Save the Children y ChildFund México señalaron que el decreto deberá complementarse con legislación, supervisión independiente, participación de adolescentes y acciones preventivas para evitar que la regulación se limite a retirar publicaciones, sin atender las causas y consecuencias de la violencia digital. La autoridad debe actuar de inmediato si lo que pretende es en realidad cuidar a los menores en su seguridad personal y su salud mental.
De las anécdotas que se cuentan
México recibió 5 mil 362 millones de dólares por concepto de remesas durante septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 1.6%, informó el Banco de México.
Entre enero y septiembre los ingresos por remesas acumularon 47 mil 164 millones de dólares, cifra 2.1% superior a los 46 mil 184 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
El Banxico detalló que 99.2% de los recursos se enviaron mediante transferencias electrónicas. De este monto, 53.6% se depositó directamente en cuentas bancarias y 46.4% se cobró en efectivo.
El saldo superavitario de la cuenta de remesas alcanzó 46 mil 192 millones de dólares en el periodo enero-septiembre, lo que significó un incremento de 1.9% respecto al mismo lapso de 2025.
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