Investigaciones, que autoridades de Estados Unidos desarrollan, sobre una red internacional de contrabando de combustibles permitieron conocer un mecanismo mediante el cual hidrocarburos eran trasladados entre México y ese país, utilizando operaciones comerciales irregulares.
Hay documentación alterada y maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos durante su importación. Hay vinculados jefes de la Mariana, del Ejército, de Aduana y cárteles criminales.
El testimonio de Luis Rivera, colaborador de la justicia estadounidense, forma parte del proceso abierto contra integrantes de la familia Jensen. La declaración, retomada por una investigación del diario español El País, describe la manera en que operaba la red y el papel desempeñado por empresas de transporte y logística para movilizar combustibles a través de la frontera.
Según Rivera, quien aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, la organización coordinaba el traslado de combustibles desde Texas hacia distintos puntos del territorio mexicano mediante una estructura integrada por transportistas, operadores logísticos y empresas dedicadas al comercio exterior.
Parte del combustible comercializado tendría su origen en hidrocarburos robados previamente en México. Posteriormente eran enviados a Estados Unidos y, una vez en ese país, reingresaban a territorio mexicano mediante operaciones de importación en las que la mercancía era declarada bajo una clasificación distinta a su contenido real, con el propósito de disminuir la carga tributaria y superar los controles aduaneros.
La investigación identifica este esquema como huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo tradicional de combustibles mediante tomas clandestinas.
El beneficio económico no deriva de la extracción ilegal de hidrocarburos de ductos, sino de irregularidades en las operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza del producto importado y reducir el pago de impuestos.
Algunas de las operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas localizadas en el estado de Tamaulipas para introducir los cargamentos al país.
Las investigaciones buscan establecer si esos puntos fueron empleados de manera sistemática dentro del esquema de importación presuntamente irregular.
El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales investigados a integrantes de la familia Jensen, a quienes las autoridades atribuyen una posible participación en las operaciones de tráfico internacional de combustibles.
Las indagatorias también pretenden determinar el papel desempeñado por diversas empresas y operadores relacionados con esa familia dentro de la presunta red de distribución.
El caso adquirió una mayor dimensión pública después de que el medio digital Código Magenta difundió una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente algunos de sus hijos.
Los señalamientos corresponden a investigaciones periodísticas y, hasta ahora, no existen resoluciones judiciales, imputaciones formales o sentencias que acrediten responsabilidades penales contra las personas mencionadas.
El huachicol fiscal representa una modalidad más compleja que el robo convencional de combustibles, ya que combina operaciones de comercio internacional, posibles alteraciones documentales, evasión fiscal y la participación de diversos intermediarios para dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.
Además del impacto económico para el erario, este tipo de esquemas puede facilitar la intervención de organizaciones criminales en las cadenas de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, ampliando el alcance de las redes dedicadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.
El problema crece todos los días, los primeros acusados fueron jefes de la Marina y ahora hay jefes militares detrás de estas operaciones multimillonarias, en las que están involucrados, sin duda, políticos en el poder.
De las anécdotas que se cuentan
El huachicol fiscal es una de las prácticas ilegales más sofisticadas en México.
A diferencia del robo de combustibles mediante tomas clandestinas, esta modalidad opera en puertos y aduanas.
Empresas y grupos criminales manipulan fracciones arancelarias para introducir gasolina y diésel, pero los registran como productos exentos del IEPS, como lubricantes o aditivos.
Esto permite vender combustible más barato, obteniendo enormes ganancias y desplazando a distribuidores legales.
El fraude depende de corrupción, permisos temporales y complicidad de autoridades aduaneras.
De acuerdo con Petro Intelligence, este esquema representa pérdidas superiores a los 170 mil millones de pesos para la recaudación nacional.
El impacto del huachicol fiscal va más allá de lo económico.
Se ha convertido en una actividad delictiva a gran escala, con redes que involucran empresarios, funcionarios y hasta elementos de la Marina y el Ejercito.
Estados Unidos lo ha catalogado como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico.
No se trata de tomas clandestinas, sino de un fraude complejo que combina corrupción institucional, lavado de dinero y comercio ilegal de hidrocarburos.
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