Los tiempos cambian y lo que era imposible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora en la gestión de Claudia Sheinbaum será una realidad.
El gobierno federal perfila la creación de un fideicomiso especializado para financiar una estrategia de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica o fracking, con el objetivo de atraer inversión privada sin modificar la propiedad del Estado sobre los recursos energéticos.
El diario español El País informó que la administración de la presidenta Sheinbaum analiza un esquema financiero que permita captar recursos públicos y privados para desarrollar yacimientos de gas natural no convencional, principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, donde se estima la existencia de 141 billones de pies cúbicos de hidrocarburos técnicamente recuperables.
La propuesta forma parte del replanteamiento de la política energética federal y acompaña el dictamen científico que un comité de especialistas entregará al gobierno para evaluar la viabilidad de retomar la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.
El fideicomiso tendría como finalidad administrar los recursos destinados a los proyectos, ofrecer garantías para atraer inversionistas, transparentar el manejo financiero y aislar las inversiones de la situación financiera que enfrenta Petróleos Mexicanos.
El planteamiento pretende conciliar la estrategia de soberanía energética impulsada por el gobierno con la necesidad de incorporar capital privado para desarrollar proyectos que requieren inversiones de miles de millones de dólares en infraestructura, perforación, transporte, tratamiento de agua y tecnología especializada.
La presidencia sostiene que el esquema no modificaría el régimen de propiedad de los hidrocarburos establecido en el artículo 27 de la Constitución, ya que el fideicomiso funcionaría únicamente como un instrumento de administración financiera, con reglas de auditoría, supervisión y rendición de cuentas.
La propuesta ha abierto un debate político al interior de la Cuarta Transformación debido a que Morena construyó parte de su discurso en oposición a la participación privada promovida durante la reforma energética de 2013 y al rechazo al uso del fracking durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El documento citado por el diario español señala que, en el Congreso de la Unión, legisladores analizan distintos escenarios para respaldar el proyecto y consideran que, por el momento, no serían necesarias reformas legales o constitucionales para implementar el nuevo esquema.
Entre los impulsores de la estrategia figura el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y un personaje cercano a la presidenta Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha promovido mecanismos para fortalecer la soberanía energética mediante el aprovechamiento de recursos no convencionales.
La propuesta contempla la posibilidad de recibir aportaciones de inversionistas nacionales y extranjeros conforme al marco jurídico vigente, manteniendo la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos y sin alterar la propiedad nacional de los recursos.
El análisis gubernamental ocurre en un contexto de creciente dependencia de México respecto al gas natural importado desde Texas.
El diagnóstico elaborado para sustentar la nueva estrategia advierte que la producción nacional continúa por debajo de la demanda interna, por lo que el fortalecimiento de la seguridad energética se ha convertido en una prioridad para la administración federal.
De concretarse, el fideicomiso representaría el principal mecanismo para hacer viable financieramente el regreso del fracking en México, una decisión que implicaría un cambio relevante en la política energética del actual gobierno y abriría una nueva etapa en la relación entre el Estado y la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.
La división de la Cuarta Transformación va en serio y vale preguntar ¿hasta dónde llegará?
De las anécdotas que se cuentan
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta un debate al interior de su movimiento: mantener los postulados económicos de la Cuarta Transformación, que fundó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, o trazar un camino pragmático que ayude a solucionar la estrechez presupuestal de su Gobierno y la dependencia energética con Estados Unidos, que se ha complicado con el actual contexto de guerra en el Oriente Medio y sus repercusiones económicas globales.
Hoy, el 75 por ciento del gas licuado que consume México y 50 por ciento de las gasolinas lo importa de Estados Unidos.
Son políticas de cambio que la presidenta ha delineado y que comienzan a generar fricción entre los distintos grupos de izquierda del movimiento.
Los más radicales no han dudado en señalar una “traición” a los principios rectores de la izquierda mexicana. Ven en esas propuestas una amenaza contra la “soberanía nacional” que, según estos basamentos, radica en el sector energético y en otros temas que se han considerado intocables a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.
Las propuestas de Sheinbaum son consideradas un retorno al “neoliberalismo” que, se supone, había sido desterrado.
El abril pasado, en Tlaxcala, la presidenta dijo que “el Estado no puede hacerlo todo, requiere necesariamente de la coordinación con la iniciativa privada y por eso buscamos un modelo integral donde el pueblo viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para genera mejores empleos, con mejores salarios”.
El fracking quiebra a la 4T.
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