El diario The New York Times publicó el pasado 19 de junio un reportaje donde afirma que “en México, los políticos usan las leyes contra los periodistas”.
Los políticos y funcionarios de México están utilizando las leyes del país para intimidar a los críticos y a los medios de comunicación, obligándolos a la censura y frenando el escrutinio. documentan los reporteros Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas.
“Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.
“Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales.
“En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas”.
México, señalan, lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.
Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.
“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el Poder Judicial para amedrentar”, señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se le repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.
Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.
Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no criticaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.
Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.
El gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas diarias, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que criticaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.
Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura. “Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero.
También ha defendido a miembros de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, pidió a la gente que boicoteara a Televisión Azteca que se había negado a pagar impuestos y que había cubierto negativamente su gobierno. “No es una censura, es una opinión”, dijo
La Navidad pasada, Rafael León, un reportero de la fuente policiaca de Coatzacoalcos, pensó que lo estaban secuestrando cuando unas camionetas sin insignias le bloquearon el paso y unos hombres armados lo sacaron a rastras de su coche.
La fiscalía del estado de Veracruz lo acusó de terrorismo, al argumentar que sus coberturas sobre los cárteles provocaban pánico entre la población. También lo acusaron de obstrucción, porque solía llegar antes que la policía a los lugares de los hechos, y de aceptar sobornos de los grupos delictivos. Después de que Sheinbaum criticara de manera pública los fundamentos jurídicos de la acusación, se retiraron los cargos de terrorismo.
Los litigios de este tipo de casos pueden ser muy técnicos y terminar sofocando a los medios de comunicación. Sheinbaum restó importancia a las preocupaciones de que se estuviera coartando la libertad de prensa.
“¿Dónde hay censura en México?, dijo a los periodistas. “Todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue”, remató la presidenta sin que ello cambie el ambiente de amenaza y tensión que se vive en los medios de comunicación mexicanos.
De las anécdotas que se cuentan
Después de todo hay que recordar que la libertad es de “quien la trabaja”, como sugirió siempre Carlos Payan, primer director de La Jornada.
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