Narcopolíticos

La organización no gubernamental Defensorxs presentó ante la Fiscalía General de la República  una denuncia contra 55 políticos de Morena y otros partidos, a quienes señalan de vínculos con el crimen organizado y de beneficiarse de la llamada narcoelección en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.

Entre los denunciados está el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de mantener nexos con grupos delictivos que operan en la entidad. Miguel Meza, director de Defensorxs, la organización ha documentado desde hace años relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales, sin que las autoridades mexicanas hayan actuado.

Meza agregó: “No es posible que dependamos de la presión de otro país para que estos narcopolíticos se enfrenten a la justicia. Y porque creemos que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa”.

Afirmaron que la presunta intervención del crimen organizado favoreció no sólo la elección a la gubernatura, sino también candidaturas municipales y diputaciones locales, calificando a Morena como un “narcopartido”.

Incluyeron a exfuncionarios como Ricardo “Pity” Velarde y al exgobernador priista Quirino Ordaz, actualmente embajador de México en España, por acciones vinculadas a la narcoelección y operativos delictivos durante el proceso electoral de 2021.

La denuncia también incluye a 17 alcaldes, 23 diputados locales y cinco federales de Morena, quienes presuntamente se beneficiaron de la operación electoral de Los Chapitos, así como críticas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por posibles nexos internos con el crimen organizado.

Defensorxs buscan ser reconocidos como víctimas del narcoestado en Sinaloa para participar activamente en la investigación y evitar que las autoridades protejan a los señalados.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, por conspiración con el Cártel de Sinaloa para importar drogas a cambio de protección política y sobornos.

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en Nueva York.

El expediente judicial estadounidense detalla pruebas como fotografías de narconóminas, decomisos de drogas, armas y documentos de comunicaciones telefónicas, además de evidencia aportada por una fuente confidencial de la DEA.

Entre las presuntas pruebas, hay sobornos mensuales a funcionarios, incautaciones de fentanilo, heroína y cocaína, y registros de coordinación de secuestros de rivales políticos durante las elecciones de 2021.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, han señalado que la acusación estadounidense carece de elementos probatorios suficientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si no se presentan pruebas sólidas, el proceso podría tener un trasfondo político. No obstante, la FGR inició su propia investigación para evaluar la viabilidad de la extradición de Rocha Moya y otros funcionarios. Además la Unidad de Inteligencia Financiera intervinó las cuentas de todos los implicados.

Defensorxs adelantó que esta denuncia será la primera de varias que presentarán contra actores políticos vinculados con el crimen organizado, en un esfuerzo por que se reconozca y sancione la presunta relación entre autoridades y grupos delictivos en Sinaloa, así como para garantizar la transparencia en las investigaciones sobre la narcoelección de 2021.

El tema no va terminar con declaraciones.

De las anécdotas que se cuentan

En el país se considera "narcopolíticos" a los funcionarios públicos, legisladores, gobernadores, alcaldes, policías y otros actores gubernamentales que protegen, financian o colaboran con grupos del crimen organizado.

Esta colusión permite a los cárteles extender su control territorial, lavar dinero y garantizar impunidad a cambio de sobornos, protección institucional o apoyo electoral.

En el contexto actual, la identificación de estos personajes proviene tanto de investigaciones judiciales como de plataformas ciudadanas.

Funcionarios de alto nivel han sido acusados o condenados formalmente por las autoridades. Ejemplos históricos y recientes incluyen a exsecretarios de seguridad y exgobernadores investigados o procesados tanto en México como en Estados Unidos por recibir sobornos para facilitar el trasiego de drogas.

Existen proyectos de la sociedad civil y periodísticos, como Narcopolíticos.com, que documentan el perfil de alcaldes, legisladores y gobernadores en funciones o con licencia que han sido señalados por sus nexos con el crimen.

Esta historia se sigue escribiendo.

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*ARD