Dura y corrupta herencia la que recibió el poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina cuando tomó posesión del Instituto Nacional de Migración.
La dependencia otorgó contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a una empresa sin perfil ni capacidad comprobada para instalar albergues y puntos de rescate migratorio en el país, según una investigación de Animal Político.
“Entre 2021 y 2025 el INM otorgó al menos diez contratos –nueve de ellos por adjudicación directa– a Grupo Caufi S.A. de C.V., una compañía creada en 2004 con un capital inicial de apenas 50 mil pesos y cuyo objeto social está enfocado en la organización de eventos, así como la venta de alimentos y artículos promocionales”, añadió.
La investigación señala que, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido desde la Cuenta Pública 2022 irregularidades por más de 545 millones de pesos en pagos a esta empresa, las contrataciones continuaron y aumentaron en monto y frecuencia en los años posteriores.
Una de las principales anomalías detectadas se encuentra la falta de evidencia sobre la instalación real de los albergues.
Los reporteros realizaron recorridos en distintos puntos del país donde, según los contratos, debían operar estos espacios; sin embargo, no encontraron infraestructura, personal ni instalaciones que correspondieran a los servicios pagados.
“Asimismo se documentó que el INM entregó información incompleta y testada en respuesta a solicitudes de transparencia, ocultando contratos por cerca de dos mil millones de pesos y reservando documentación clave, lo que impide rastrear el destino final de los recursos públicos.
“Las facturas emitidas por Grupo Caufi presentan conceptos vagos como “instalación de albergues y puntos de rescate”, sin detallar costos unitarios ni los insumos utilizados. Además, varias de estas facturas fueron generadas el mismo día y con pocos minutos de diferencia, lo que refuerza las sospechas sobre la autenticidad de los servicios”.
Encontraron que la empresa carecía de capacidad operativa: contaba con apenas entre 5 y 11 empleados registrados ante el IMSS y no tenía experiencia previa en proyectos de esta magnitud, lo que contrasta con los contratos millonarios recibidos.
La investigación también revela inconsistencias en sus domicilios, ya que en varios de ellos no fue posible localizar oficinas o instalaciones relacionadas con sus operaciones. Incluso, algunos inmuebles corresponden a viviendas particulares sin indicios de actividad empresarial.
En paralelo, se identificó una red de compañías vinculadas a los mismos socios de Grupo Caufi, constituidas entre 2023 y 2025, las cuales comparten administradores o accionistas, pero carecen de presencia pública o trayectoria verificable.
Así trabajaba el Instituto Nacional de Migración del presidente López Obrador, quien defendió a capa y espada a su comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien se mantuvo en esa posición durante los primeros siete meses de la administración de Claudia Sheinbaum.
“Pese a los señalamientos de la ASF –que incluso recomendó una revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria ante posibles inconsistencias fiscales– el INM continuó otorgando contratos bajo el argumento de la urgencia por atender el flujo migratorio y posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos”.
Los contratos fueron firmados en algunos casos después de haber iniciado su vigencia, y en otros no existe documentación que compruebe la ejecución de los servicios más allá de actas administrativas sin sustento técnico.
El reportaje de Animal Político también expone que funcionarios del área administrativa del INM estuvieron involucrados en la firma de estos contratos, algunos de ellos vinculados políticamente a figuras del ámbito federal, lo que podría apuntar a una red de responsabilidades aún no esclarecida.
El INM informó que revisa las contrataciones realizadas en administraciones anteriores, mientras que ni la empresa ni su representante legal han respondido a las solicitudes de información.
El caso pone en entredicho los mecanismos de control y supervisión del gasto público en materia migratoria, así como la transparencia en el uso de recursos destinados a la atención de personas en contexto de movilidad, donde la demanda de estos servicios continúa en aumento.
Todo un desafío el que enfrenta el poblano Sergio Salomón Céspedes, quien tiene que llevar adelante un gran cambio en el Instituto, pero sobre todo abatir y sancionar la corrupción galopante que generó uno de los consentidos de López Obrador.
De las anécdotas que se cuentan
Andrés Manuel López Obrador defendió a Francisco Garduño, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, principalmente tras la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde murieron 40 personas.
La defensa se basó en los siguientes puntos:
AMLO argumentó conocer a Garduño desde hace muchos años, describiéndolo como una persona "recta y trabajadora". A pesar de la investigación por el incendio, el presidente sostuvo que, en general, el trabajo de Garduño al frente del INM "siempre ha sido bueno".
Aunque se le vinculó a proceso por "ejercicio indebido del servicio público" (responsabilidad por omisión al no vigilar los centros migratorios), AMLO inicialmente no lo consideró responsable directo del homicidio, enfocándose en que el cargo de comisionado es amplio y no implica controlar cada centro local.
AMLO atribuyó las críticas y exigencias de renuncia de Garduño a "sensacionalismo" de los medios de comunicación y al "amarillismo" de la oposición, señalando que buscaban atacar a su gobierno.
Garduño no fue destituido ni encarcelado tras la tragedia, continuando en su cargo mientras enfrentaba su proceso penal, lo que generó controversia.
La Fiscalía General de la República procedió penalmente por omisión, y en 2025 se anunció una suspensión condicional del proceso, obligando a Garduño solo a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño, evadiendo la cárcel, lo que no cumplió.
Esos eran los consentidos de López Obrador.
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*ARD
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