El agua, como arma política

El agua no sólo es un elemento básico, ahora se usa como arma política por los grupos sociales que la poseen y no están dispuestos a compartirla.

El siguiente caso es un ejemplo de ello, la Comisión Nacional del Agua propuso esta semana a organizaciones campesinas de Tepeaca y Tecamachalco que cedieran volúmenes de agua como parte de una estrategia nacional para liberar títulos de concesión en zonas donde los acuíferos están vedados, un ejemplo: la ciudad de Puebla.

De inmediato la propuesta fue rechazada por los agricultores de ese distrito de riego, ya que están seguros que pondría en riesgo su actividad productiva, que hoy es su patrimonio.

En la reunión celebrada en el ayuntamiento de Tepeaca, el ingeniero Luis Alberto Hernández Cuanalo, representante de Conagua, les explicó que la “donación” no implicaría extracción física del agua ni modificación legal en los títulos actuales, ya que el volumen solicitado es únicamente para las estadísticas.

De los 30 millones de metros cúbicos que pretende recuperar el gobierno federal, para consumo humano, 18 millones ya fueron captados mediante esta estrategia.

Como incentivos, la Comisión Nacional del Agua ofreció apoyos en infraestructura de riego, agilización de trámites para renovar concesiones, mayor vigilancia contra tomas clandestinas y el fortalecimiento de un programa hidroagrícola.

Concepción Colotla, dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV), advirtió al gobierno federal que ceder agua, así sea de manera simbólica, representa entregar el recurso más valioso para sus tierras. Señaló que mientras se presiona a pequeños productores, grandes empresas operan pozos ilegales sin ninguna regulación.

Colotla advirtió que el recorte propuesto podría provocar una disminución de hasta 40% en la producción de hortalizas como lechuga, zanahoria, cebolla y coliflor. Actualmente, los agricultores siembran entre 20 y 25 hectáreas con volúmenes concesionados que van de 190 mil a 400 mil metros cúbicos al año, pero la medida limitaría el riego a solo 15 hectáreas.

Subrayó que, en comunidades como San Pablo Actipan, operan 16 pozos autorizados que abastecen la producción.

La preocupación real es que esta estrategia de Conagua favorezca proyectos como el Ecoparque de la Malinche, el desarrollo Cola de Lagarto o a concesionarios privados como Concesiones Integrales Agua de Puebla para Todos, dejando en desventaja a quienes realmente producen alimentos.

Mencionaron que Conagua tiene un banco de agua desde 1994, por lo que consideran innecesaria la solicitud a las comunidades agrícolas. Existe el temor de que se trate de una estrategia para justificar nuevas concesiones sobre volúmenes no utilizados.

Datos oficiales señalan que el acuífero de Puebla tiene una extracción real de 105 millones de metros cúbicos, pero la Conagua reporta 150 millones concesionados.

Hay títulos otorgados a particulares que no usan el líquido, mientras a los campesinos se les niega la perforación de nuevos pozos.

Los campesinos convocados rechazaron en forma rotunda la propuesta gubernamental. Los productores reiteraron que no están dispuestos a comprometer su acceso al agua bajo una figura de “donación estadística” que, a su juicio, podría convertirse en despojo a largo plazo.

Exigieron a las autoridades priorizar al campo, garantizar seguridad hídrica y regular el uso intensivo del agua por parte de las grandes empresas.

El consumo del agua y su uso para producir alimentos es hoy un elemento de poder para quienes lo tienen y una demanda generalizada de las zonas urbanas. El problema es que las autoridades han tolerado la sobreexplotación y el uso del líquido como un negocio y no como un servicio.

Cada día se volverá más difícil contar con el agua que consumen, por ejemplo, en la zona metropolitana de Puebla.

La escasez del agua provocará una crisis que aún no podemos calcular sus consecuencias.

De las anécdotas que se cuentan
 

¿Qué negociaron?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que no solicitará la pena de muerte para los capos del narcotráfico mexicanos Ismael "El Mayo" Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

La información se dio a conocer a través de documentos oficiales dirigidos a los jueces encargados de los casos.

“El Mayo” Zambada fue detenido en julio del 2024, en un aeropuerto en Nuevo México, y enfrenta un proceso donde se le acusa de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego.

Rafael Caro Quintero fue detenido en abril de 1985 y es acusado del asesinato y tortura del ex agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

La decisión puede ser un indicio de los acuerdos alcanzados entre abogados de los narcotraficantes y fiscales estadounidenses.

"Estos criminales violentos enfrentarán la pena de muerte federal. Los traficantes de droga tienen que irse, porque iremos tras ellos", dijo la fiscal general Pam Bondi.

Todo indica que los capos llegaron a un acuerdo, que la justicia de Estados Unidos retire su exigencia de pena de muerte no es gratuita.

La información que aportarán pueden poner en riesgo no sólo a las 4T sino a todos los partidos y políticos que han ostentado el poder en los últimos 40 años.

¿Sólo eso negociaron?

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*ARD