Denuncian corrupción, omisión y burocracia en fiscalías especializadas en despojos del Edomex

Vecinos de los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl denunciaron una red de actos de corrupción, omisión y trabas burocráticas al interior de la fiscalía especializada en delitos de despojo, ubicada en Tlalnepantla, irregularidades que mantienen en la zozobra a dueños legítimos que luchan por recuperar su patrimonio tras meses o años de estar invadido.

Los afectados exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intervenir de manera urgente para resolver las anomalías del organismo encargado de vigilar el actuar de las fiscalías regionales en la zona oriente de la entidad.

Uno de los casos es el de don Manuel, un adulto mayor de Chalco que permaneció más de un año fuera de su hogar tras ser despojado por familiares directos; aunque logró recuperar la posesión del inmueble, su denuncia penal continúa estancada debido a que la carpeta fue remitida a Tlalnepantla.

En dicha sede, el coordinador Daniel Correa Martínez se ha negado a presentar el caso ante los juzgados del penal estatal de Chalco, además de incumplir los plazos legales establecidos para retirar los muebles y objetos dejados por los invasores en la colonia Culturas de México.

De acuerdo con la asesora jurídica del afectado, la fiscalía rebasó los plazos legales de 60 y 90 días para notificar a las partes y solicitar la orden judicial de resguardo de bienes, obligando al octogenario a trasladarse reiteradamente hasta Tlalnepantla para dar seguimiento a su expediente.

Situaciones similares de indolencia jurídica se registran en la fiscalía especializada de Nezahualcóyotl, a cargo de Manuel Sánchez Ortega, donde casos como el de Armando “N” y su esposa Ana María continúan sin resolución a pesar de contar con un juicio de adjudicación por remate emitido desde 2018.

Aunque en septiembre de 2025 la fiscalía cumplimentó una orden de desalojo tras la presión mediática en la región, la dependencia se ha negado a entregar materialmente la propiedad a los legítimos dueños, prolongando el desgaste físico y emocional de las víctimas de la tercera edad.

Los afectados hicieron un llamado directo al titular de la Fiscalía General de Despojos, Julio César Rodríguez, para investigar y sancionar el rezago operativo y la apatía institucional que prevalece en las oficinas regionales del Estado de México.