La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre de 2026 un decreto que obliga a las plataformas digitales que operan en México a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, ciberacoso, suicidio y otras conductas de riesgo.

Las empresas tendrán 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las medidas adoptadas. Entre las obligaciones se encuentran verificar la edad de los usuarios, clasificar contenidos, activar mecanismos de privacidad y retirar publicaciones que promuevan conductas perjudiciales para los menores.

El Gobierno federal dará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Aunque el decreto establece obligaciones, no contempla sanciones específicas; la presidenta advirtió que podría impulsarse una ley con castigos para las compañías que no cumplan.

¿Qué contenidos deberán restringir las redes sociales?

El decreto establece medidas para impedir que niñas, niños y adolescentes accedan o sean expuestos mediante recomendaciones a contenidos que promuevan determinadas formas de violencia o conductas que pongan en riesgo su integridad.

Entre los materiales señalados se encuentran los discursos de odio, el extremismo violento, el abuso y la explotación sexual, así como las publicaciones que promuevan el suicidio, las autolesiones deliberadas o los trastornos alimenticios.

También contempla la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso, las conductas ilícitas y el material sexual explícito.

Las plataformas deberán contar con mecanismos para identificar y retirar cuentas o publicaciones que promuevan estas conductas, además de evitar que sus sistemas de recomendación las presenten a usuarios menores de edad.

La medida se concentra en la protección de esta población y no establece una prohibición general para que los menores utilicen redes sociales.

Verificación de edad y controles parentales: así cambiarán las plataformas

Uno de los principales cambios será la obligación de contar con mecanismos de verificación de edad para aplicar medidas de protección según las características de los usuarios.

Las empresas también deberán clasificar sus contenidos por edades y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.

Otra disposición consiste en establecer configuraciones de privacidad y seguridad activadas de manera predeterminada en los servicios utilizados por menores. Con ello, la protección no dependería únicamente de que las familias busquen y modifiquen manualmente las opciones de cada aplicación.

Asimismo, las plataformas deberán facilitar mecanismos para denunciar publicaciones que representen riesgos para niñas, niños y adolescentes.

La aplicación práctica de estas medidas dependerá de los sistemas que implemente cada empresa, especialmente en materia de verificación de edad y protección de los datos personales.

Plataformas tendrán 30 días para informar sus medidas de protección

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las empresas contarán con un plazo de 30 días naturales desde la entrada en vigor del decreto para documentar e informar cómo cumplirán sus obligaciones.

Esto significa que el plazo no debe confundirse con 30 días contados automáticamente desde la firma presidencial del 14 de octubre.

Durante ese periodo, las compañías deberán definir los mecanismos tecnológicos y operativos para identificar contenidos de riesgo, establecer restricciones por edad y reforzar la seguridad de sus servicios.

La presidenta señaló que el Gobierno mantendrá comunicación con las plataformas para dar seguimiento a los cambios y conocer las herramientas que necesitan implementar.

Representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X participaron en reuniones con autoridades federales para conocer las disposiciones y abordar su aplicación.

¿Habrá multas para las redes sociales que incumplan el decreto?

Aunque las obligaciones fueron presentadas como de cumplimiento obligatorio, el decreto no establece multas ni un régimen específico de sanciones para las plataformas que incumplan.

Sheinbaum explicó que esta medida representa una primera etapa de regulación y que, si las empresas no aplican las disposiciones, su administración podría promover una legislación que incluya sanciones.

Por tanto, no se han anunciado montos de multas ni castigos concretos derivados de este decreto.

El seguimiento estará a cargo de las autoridades federales, mientras continúa el diálogo sobre posibles disposiciones legales adicionales para proteger a los menores en los entornos digitales.

Redes sociales deberán colaborar ante amenazas contra la vida

El decreto también contempla mecanismos de cooperación entre las plataformas digitales y las autoridades de investigación y seguridad.

Las empresas deberán disponer de un punto de contacto para atender requerimientos oficiales, preservar información relevante para investigaciones y facilitar la entrega de evidencia cuando corresponda.

Además, tendrán que establecer mecanismos para alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que representen amenazas contra la vida.

Estas obligaciones buscan mejorar la respuesta frente a situaciones de riesgo identificadas en espacios digitales, especialmente aquellas que puedan afectar la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

¿Por qué México busca regular los contenidos digitales para menores?

La medida forma parte de una estrategia federal anunciada a principios de octubre, después de que las autoridades expresaran preocupación por la circulación de publicaciones violentas y su posible relación con conductas de riesgo entre adolescentes.

El 2 de octubre, el Gobierno anunció la preparación de disposiciones para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet.

El 9 de octubre, la Consejería Jurídica presentó las principales obligaciones propuestas para las plataformas digitales. Cinco días después, la presidenta formalizó la firma del decreto.

Las disposiciones se apoyan en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece responsabilidades del Estado para garantizar un acceso seguro a internet y prevenir la violencia digital.

La estrategia también contempla acciones de educación sobre salud mental, uso consciente de redes sociales y orientación para las familias, en coordinación con las secretarías de Educación Pública y de Salud.

Con la firma del decreto, las plataformas digitales deberán preparar mecanismos para restringir contenidos perjudiciales, verificar edades y mejorar la protección de usuarios menores de 18 años. Su aplicación y el cumplimiento de las empresas serán los siguientes puntos de atención.

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