La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este 6 de octubre que el gobierno federal revisa los sistemas de pensiones de las universidades públicas estatales, debido al peso que estos compromisos tienen sobre sus finanzas y a diferencias importantes entre los esquemas que opera cada institución.

El análisis está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y contempla conversaciones con rectoras, rectores, académicos y sindicatos. Por ahora, no existe una reforma aprobada, un recorte anunciado ni nuevos requisitos definidos para jubilarse.

Sheinbaum explicó que, en promedio, las pensiones representan alrededor de 40 por ciento de la nómina en este grupo de universidades. También mencionó casos de doble pensión y esquemas en los que trabajadores no realizaron aportaciones para financiar su jubilación.

Gobierno busca revisar cómo funcionan los sistemas de pensiones

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, encabeza las conversaciones con las instituciones para revisar cómo se construyeron sus sistemas pensionarios y qué tan sostenibles resultan en el tiempo.

La discusión no parte de un modelo único. Cada universidad tiene reglas, contratos colectivos y compromisos laborales diferentes, por lo que cualquier modificación tendría que considerar las condiciones particulares de cada institución.

Sheinbaum también señaló que los cambios que afecten contratos colectivos deberán discutirse con los sindicatos. La intención planteada por el gobierno es encontrar esquemas que permitan mantener los derechos laborales sin llevar a las universidades a una presión financiera permanente.

Uno de los casos utilizados para dimensionar el problema es el de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde el gasto pensionario supera 90 por ciento de la nómina. Esa situación no puede trasladarse automáticamente al resto de las universidades, pero muestra la magnitud que puede alcanzar este compromiso financiero.

Universidades arrastran déficit de 55 mil 400 millones de pesos

La revisión de las pensiones ocurre mientras las universidades públicas estatales enfrentan un déficit acumulado estimado en 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

La ANUIES ha solicitado mayores recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para atender salarios, infraestructura, gratuidad y sistemas pensionarios.

Dentro de esas peticiones aparece una ampliación de alrededor de mil millones de pesos destinada específicamente a apoyar procesos de reestructuración de pensiones y jubilaciones.

Las instituciones también enfrentan otra presión: mientras sus recursos disponibles han crecido con limitaciones, la matrícula de educación superior pública aumentó alrededor de 18 por ciento entre 2018 y 2026.

Por ello, el problema financiero no puede explicarse únicamente por las jubilaciones. Nómina, infraestructura, ampliación de matrícula, gratuidad y gastos operativos también forman parte de las necesidades presupuestarias.

¿La revisión de pensiones puede alcanzar a la BUAP?

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pertenece al grupo de universidades públicas estatales que reciben subsidios ordinarios de los gobiernos federal y estatal.

La BUAP también cuenta con un Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones y sus procedimientos de retiro están vinculados con las disposiciones establecidas en sus contratos colectivos.

Esto coloca a la institución dentro del universo general de universidades al que se refiere la revisión federal, pero hasta el momento no existe un anuncio específico de cambios al sistema de jubilaciones de la BUAP.

Tampoco se ha señalado oficialmente que su esquema tenga las características que Sheinbaum calificó como excesivas en otros casos.

Para 2026, la universidad tiene registrados alrededor de 5 mil 432.7 millones de pesos de subsidio federal y 2 mil 685.2 millones de aportación estatal, dentro de su financiamiento ordinario.

Qué puede cambiar y qué todavía no está definido

La discusión apenas se encuentra en la fase de diagnóstico y negociación.

No se han anunciado nuevas edades de jubilación, reducción de montos, eliminación general de prestaciones, aumento obligatorio de aportaciones ni reglas nacionales que sustituyan automáticamente los sistemas existentes en cada universidad.

El punto que sí ha quedado planteado es la intención del gobierno federal de revisar aquellos esquemas que consumen una proporción elevada de los recursos institucionales y buscar mecanismos que permitan financiarlos a largo plazo.

La negociación ocurre además en vísperas de la discusión presupuestal de 2027, cuando las universidades buscan mayores recursos mientras el gobierno federal plantea revisar la forma en que se utilizan parte de esos fondos.

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