La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio en la que habría identificado una cuenta de inversión en Suiza con 72 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1,433 millones de pesos, además de transferencias internacionales relacionadas con su entorno familiar. La información fue revelada por Latinus, que afirmó haber tenido acceso a las indagatorias. 

Hasta este 2 de octubre, la UIF no ha difundido en su sección pública de comunicados un pronunciamiento específico que confirme los detalles de esa cuenta, por lo que las cantidades y movimientos deben mantenerse atribuidos a la investigación periodística y no presentarse como una determinación definitiva de la autoridad. 

UIF habría localizado una cuenta con 72 millones de euros

De acuerdo con la investigación difundida, Olán mantendría una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG con un saldo de 72 millones de euros.

El monto equivale a unos 1,433 millones de pesos bajo la conversión utilizada en los reportes publicados. La información forma parte del análisis financiero que la UIF habría realizado sobre operaciones del empresario y de personas de su entorno. 

El reporte relaciona esos recursos con distintas actividades empresariales y contratos públicos atribuidos a compañías vinculadas con Olán. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial pública que determine que el dinero tenga un origen ilícito. 

Transferencias y gastos en Suiza aparecen en la indagatoria

Entre los movimientos descritos se encuentran transferencias internacionales vinculadas con gastos educativos y la residencia de la familia en Suiza.

La información publicada señala pagos a una institución educativa en ese país y transferencias relacionadas con una vivienda en Lugano, donde Olán y su familia habrían establecido su residencia.

También se mencionan operaciones realizadas por familiares del empresario. Estos movimientos son presentados como elementos analizados por la UIF y no, por sí mismos, como prueba de algún delito.

Contratos gubernamentales forman parte del contexto

La investigación periodística también vincula el análisis financiero con negocios relacionados con medicamentos, suministro de balasto y contratos ligados a proyectos y dependencias federales durante el gobierno anterior.

Olán ha aparecido previamente en reportajes sobre contratos públicos y ha sido identificado como una persona cercana a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa relación personal, documentada en distintas publicaciones, no acredita por sí sola participación de los hermanos López Beltrán en las operaciones financieras señaladas.

Por ello, cualquier relación entre contratos, transferencias y posibles responsabilidades debe mantenerse diferenciada de los señalamientos políticos o periodísticos mientras no exista una determinación de las autoridades competentes.

FGR había señalado que no existía una orden contra Olán

El caso también requiere distinguir entre una investigación de inteligencia financiera y un procedimiento penal.

El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy negó que existieran órdenes de detención contra Olán y Andrés Manuel López Beltrán y, ante preguntas sobre el empresario, afirmó que en ese momento no había una actuación penal en los términos que se habían difundido públicamente.

Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos suficientes para iniciar o desarrollar una investigación penal y sostuvo que cualquier actuación debe basarse en pruebas.

Esto no contradice necesariamente la existencia de un análisis de la UIF, porque ambas instituciones cumplen funciones distintas.

¿Qué puede hacer la UIF con una investigación financiera?

La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, recibe y analiza información sobre operaciones financieras y económicas con el objetivo de detectar posibles movimientos relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Cuando encuentra elementos que considera relevantes, puede elaborar reportes de inteligencia y, en su caso, presentar denuncias ante las autoridades competentes. Una investigación financiera, por sí sola, no equivale a una sentencia ni determina responsabilidad penal. 

Esa diferencia resulta central en el caso de Olán: la información difundida describe una indagatoria financiera y movimientos que estarían bajo análisis, pero hasta este momento las fuentes públicas revisadas no muestran una resolución judicial que establezca responsabilidad penal por la cuenta señalada en Suiza.

Qué está confirmado y qué permanece bajo investigación

Hasta ahora, lo publicado permite establecer que existe un reporte periodístico basado en documentos atribuidos a una investigación de la UIF y que en éste se menciona una cuenta de 72 millones de euros en Suiza, además de distintas transferencias.

Lo que todavía no puede afirmarse como hecho judicialmente probado es que esos recursos tengan un origen ilícito, que exista una acusación penal derivada específicamente de esa cuenta o que las personas relacionadas en los reportes hayan participado en delitos.

La evolución del caso dependerá de cualquier actuación que hagan pública la UIF, la Secretaría de Hacienda o la Fiscalía General de la República.

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