Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley documentó asesinatos, desapariciones, espionaje, estigmatización y hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
El trabajo, publicado el 24 de septiembre bajo el nombre “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, analiza si las distintas formas de agresión registradas durante ese periodo, consideradas en conjunto, podrían alcanzar el umbral jurídico de persecución como crimen de lesa humanidad contemplado en el Estatuto de Roma.
La distinción es importante: la Corte Penal Internacional (CPI) no ha abierto una investigación contra López Obrador a partir de este expediente ni ha determinado su responsabilidad penal. Es el equipo de Berkeley el que sostiene que la información reunida ofrece elementos para que los hechos sean examinados desde el derecho penal internacional.
Berkeley contabiliza 337 periodistas y defensores asesinados
Uno de los componentes de la investigación es una base de datos que registra 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados durante el sexenio de López Obrador.
De ese total, 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos.
Además, los investigadores documentaron y verificaron 75 incidentes de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.
Los casos analizados incluyen a periodistas que investigaban crimen organizado, corrupción y abusos de autoridades, así como a defensores involucrados en asuntos ambientales, territoriales, derechos de las mujeres y búsqueda de personas desaparecidas.
La cifra de 337 víctimas, sin embargo, no significa que la investigación atribuya directamente todos esos asesinatos al gobierno federal o al expresidente. El planteamiento de Berkeley se concentra en determinar si el conjunto de violencia, vigilancia, estigmatización, hostigamiento e impunidad puede configurar un patrón susceptible de análisis bajo el Estatuto de Roma.
Las mañaneras también fueron analizadas
Otro componente del estudio se concentró en las conferencias matutinas de López Obrador.
Los investigadores utilizaron herramientas tecnológicas para revisar las intervenciones presidenciales y analizar expresiones dirigidas contra periodistas y defensores.
El estudio sostiene que la estigmatización pública desde la Presidencia estuvo acompañada en determinados casos por campañas de hostigamiento en internet contra comunicadores y críticos.
A partir del conjunto de información recopilada, Berkeley identifica varios mecanismos que, según su análisis, deben estudiarse de manera conjunta: estigmatización pública, campañas de acoso digital, vigilancia, utilización de procedimientos legales contra críticos e impunidad frente a las agresiones.
La investigación calcula que la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas y defensores se mantuvo aproximadamente entre 93 y 99 por ciento durante el periodo estudiado.
Pegasus aparece en la investigación de Berkeley
El programa de espionaje Pegasus ocupa otro apartado de la investigación.
El Human Rights Center sostiene que análisis forenses confirmaron que esta herramienta continuó utilizándose contra periodistas y críticos durante la administración de López Obrador.
Los investigadores revisaron documentos de adquisiciones, expedientes judiciales e información interna de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenida a partir de la filtración conocida como Guacamaya.
Berkeley también analizó otras herramientas de vigilancia adquiridas por las Fuerzas Armadas y las instituciones que participaron en su contratación y operación.
Este componente adquiere relevancia por un cambio reciente en la interpretación de los delitos internacionales cometidos o facilitados mediante tecnologías digitales.
CPI incorporó una política sobre delitos facilitados por medios digitales
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicó en diciembre de 2025 su primera política sobre delitos facilitados mediante el ciberespacio.
El documento establece cómo el marco jurídico vigente de la CPI puede aplicarse cuando herramientas digitales son utilizadas para cometer o facilitar delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte, entre ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Corte Penal Internacional
Esta política no convierte automáticamente actos de espionaje, campañas digitales o expresiones públicas en crímenes de lesa humanidad. Para que una conducta pueda alcanzar esa categoría deben cumplirse los elementos establecidos en el Estatuto de Roma.
Es precisamente bajo ese marco donde los investigadores de Berkeley colocan el caso mexicano.
¿Por qué Berkeley habla de persecución?
El argumento jurídico se concentra en la figura de persecución como crimen de lesa humanidad.
La investigadora Lindsay Freeman, quien encabezó el proyecto desde el Human Rights Center, plantea que las conductas documentadas no deben analizarse necesariamente como acontecimientos aislados, sino por su posible efecto acumulativo contra periodistas y defensores.
El trabajo examina si la combinación de violencia física, vigilancia intrusiva, hostigamiento digital, estigmatización pública, acciones legales e impunidad podría cumplir los requisitos para estudiar la existencia de una campaña de persecución.
Se trata, por ahora, de una interpretación jurídica formulada por los investigadores, no de una resolución de la CPI.
El expediente iba a ser presentado ante la Corte Penal Internacional
El origen del proyecto también requiere una precisión.
El Human Rights Center informó que la investigación fue concebida originalmente como una presentación jurídica ante la Corte Penal Internacional, además de un caso para examinar la aplicación de la nueva política de la Fiscalía sobre delitos facilitados mediante medios digitales.
Sin embargo, Berkeley señala que las sanciones estadounidenses contra la CPI cerraron una vía legal para entregar las evidencias, por lo que los investigadores reconstruyeron el proyecto como una plataforma pública. Berkeley Human Rights Center
Actualmente, el sitio pone a disposición expedientes, una base de víctimas, información sobre conferencias presidenciales, análisis de redes y otros elementos documentales.
El centro universitario describe esta plataforma como una herramienta que puede ser utilizada por autoridades nacionales e internacionales, litigantes, periodistas e investigadores. Berkeley Human Rights Center
La CPI no investiga actualmente a AMLO por este expediente
La publicación del estudio ha generado encabezados que vinculan directamente a López Obrador con una posible investigación de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre afirmar que investigadores consideran que hay elementos susceptibles de ser examinados y señalar que la CPI ya investiga al expresidente mexicano.
La documentación revisada no muestra que la Corte haya anunciado la apertura de una investigación contra López Obrador derivada del trabajo de Berkeley.
Tampoco existe una resolución de la CPI que determine que el expresidente cometió crímenes de lesa humanidad.
Lo que existe es una investigación académica y jurídica que documentó acontecimientos ocurridos entre 2018 y 2024 y cuyos autores consideran que esos elementos, evaluados conjuntamente, pueden ser analizados bajo la figura internacional de persecución.
La propia Berkeley convirtió ese trabajo en una plataforma probatoria pública, después de que el proyecto originalmente contemplara presentar el expediente ante la CPI.
Por ello, cualquier eventual actuación de autoridades nacionales o internacionales constituiría una etapa distinta a la investigación que ahora hizo pública la universidad.
La investigación de Berkeley plantea elementos para un posible análisis jurídico internacional; no representa una acusación, investigación o sentencia de la Corte Penal Internacional contra López Obrador.
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