La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, quedó bajo presión después de que este 1 de septiembre se reportó que Estados Unidos retiró su visa, así como las de su esposo y su suegro, mientras en México existirían distintas líneas de investigación federal.

Las pesquisas atribuidas a autoridades mexicanas abarcan un posible uso de recursos públicos municipales con fines políticos, operaciones relacionadas con huachicol fiscal y eventuales contactos con personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Hasta ahora existen dos precisiones fundamentales: Estados Unidos no ha hecho públicas las razones de la cancelación de las visas y no se ha demostrado que esa medida esté relacionada con las investigaciones reportadas en México. Tampoco existe una resolución judicial que establezca responsabilidad de la alcaldesa por los hechos bajo revisión.

Reportan retiro de visa a Ana Paty Peralta y dos familiares

La información difundida este martes señala que autoridades estadounidenses cancelaron la visa de Ana Paty Peralta, alcaldesa del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.

La decisión también habría alcanzado a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

Las causas específicas de las cancelaciones no han sido divulgadas públicamente.

El manejo reservado de esa información no es inusual. La legislación estadounidense establece reglas de confidencialidad para los expedientes relacionados con visas, por lo que las autoridades no necesariamente hacen públicas las razones por las que un documento es rechazado o revocado.

Por ello, no puede afirmarse que Estados Unidos retiró la visa de la presidenta municipal por presuntos nexos con un grupo criminal, huachicol fiscal o desvío de recursos públicos.

¿Qué investigan sobre la alcaldesa de Cancún?

De manera paralela al reporte sobre las visas, surgió información sobre tres líneas de investigación atribuidas a autoridades federales mexicanas.

La primera busca establecer si recursos, personal o estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez fueron utilizados para impulsar políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Una segunda línea se relaciona con investigaciones más amplias sobre huachicol fiscal y operaciones irregulares vinculadas con la importación de combustibles.

La tercera pretende determinar si existieron contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, así como la naturaleza y alcance que pudieron tener.

Hasta este 1 de septiembre no se ha hecho pública una imputación penal contra Ana Paty Peralta derivada de esas líneas ni una determinación judicial que acredite los señalamientos.

Recursos municipales y Rafael Marín entran en la investigación

Uno de los puntos políticamente más delicados consiste en determinar si recursos públicos de Cancún pudieron ser utilizados para favorecer las aspiraciones políticas de Rafael Marín Mollinedo.

Las investigaciones buscarían reconstruir quién habría autorizado el eventual uso de esos recursos, de qué manera se aplicaron y qué funcionarios pudieron participar.

Rafael Marín encabezó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y ha aparecido entre los perfiles relacionados con la sucesión política de Quintana Roo rumbo a 2027.

La indagatoria adquiere así una dimensión adicional porque involucra no solo el posible destino de recursos municipales, sino las disputas políticas que comienzan a perfilarse para la próxima elección estatal.

La existencia de una investigación, sin embargo, no significa que se haya demostrado un desvío de recursos ni que Peralta o Marín hayan cometido un delito.

Huachicol fiscal aparece entre las líneas bajo revisión

Otra vertiente se conecta con investigaciones federales sobre contrabando de combustibles y huachicol fiscal.

En México han avanzado distintas causas relacionadas con la entrada irregular de hidrocarburos mediante esquemas que presuntamente permitían declarar productos diferentes para evitar el pago correspondiente de impuestos.

Entre los expedientes surgidos alrededor de estas operaciones se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México.

También han aparecido investigaciones relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., dentro de operaciones en las que se documentó el ingreso de 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de combustible.

Estos antecedentes ayudan a explicar el contexto del huachicol fiscal, pero no demuestran por sí mismos una participación de Ana Paty Peralta ni constituyen una imputación directa contra Rafael Marín Mollinedo.

Marín ha rechazado previamente señalamientos de corrupción y ha sostenido que durante su gestión en Aduanas la propia institución detectó irregularidades y presentó denuncias.

Presuntos contactos con el Cártel de Sinaloa siguen bajo investigación

El tercer frente es el más sensible.

La información difundida indica que se intenta determinar si existieron contactos entre el entorno de la alcaldesa y personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Las pesquisas tendrían que establecer quiénes fueron esas personas, en qué circunstancias habrían ocurrido los contactos y si existe alguna relación con recursos públicos, actividades empresariales o las investigaciones sobre combustibles.

Hasta ahora no se ha acreditado públicamente que Ana Paty Peralta pertenezca, colabore o tenga una relación criminal con el Cártel de Sinaloa.

Tampoco es correcto utilizar la cancelación de la visa como prueba de esa hipótesis.

Un retiro de visa constituye una decisión administrativa estadounidense y no equivale a una acusación penal, una sentencia o una declaración de culpabilidad.

¿EU le quitó la visa por el Cártel de Sinaloa?

Hasta ahora, no hay información pública que permita afirmarlo.

La coincidencia temporal entre la cancelación de las visas y la revelación de las investigaciones mexicanas puede generar esa lectura, pero no se ha documentado una relación causal entre ambos acontecimientos.

Estados Unidos tampoco ha publicado un comunicado en el que atribuya la cancelación a huachicol fiscal, desvío de recursos o posibles contactos con organizaciones criminales.

La diferencia es importante porque una cosa es el dato de que las visas habrían sido retiradas y otra las líneas de investigación que se desarrollan en México.

Unirlas como causa y consecuencia implicaría presentar como comprobada una relación que permanece sin confirmación pública.

¿Por qué Estados Unidos no revela la causa?

La información relacionada con visas estadounidenses se encuentra sujeta a fuertes restricciones de privacidad.

La sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos establece la confidencialidad de los registros consulares vinculados con solicitudes y decisiones sobre visas.

Esto explica por qué, en numerosos casos, el Departamento de Estado no ofrece públicamente detalles sobre las razones específicas de una revocación.

La falta de explicación oficial, por sí misma, no confirma ni descarta ninguna de las hipótesis que circulan alrededor de Ana Paty Peralta.

Cancún y la sucesión de Quintana Roo en 2027

El caso irrumpe cuando comienza a aumentar la actividad política rumbo a la elección de Quintana Roo de 2027.

Ana Paty Peralta gobierna Benito Juárez, el municipio donde se encuentra Cancún, uno de los principales centros económicos y turísticos del país.

Rafael Marín también ha sido mencionado dentro de las figuras con actividad política rumbo al próximo proceso estatal.

De confirmarse que una investigación busca determinar si recursos municipales fueron empleados para favorecer alguna aspiración política, el expediente podría adquirir un peso considerable dentro de la disputa interna por la sucesión.

Por ahora, esa investigación todavía debe establecer si existieron las operaciones señaladas, quién las habría ordenado y qué responsabilidad correspondería a cada persona.

¿Qué está confirmado y qué sigue pendiente?

El caso tiene varios niveles de información que no deben mezclarse.

Se ha reportado la cancelación de las visas de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro.

También se han revelado investigaciones relacionadas con recursos públicos, huachicol fiscal y posibles contactos con personas ligadas al Cártel de Sinaloa.

Lo que no está demostrado es que Estados Unidos haya retirado esas visas como consecuencia de las investigaciones mexicanas.

Tampoco existe públicamente una sentencia que establezca responsabilidad penal de la alcaldesa por desvío de recursos, operaciones con combustible o vínculos con un grupo criminal.

Una eventual confirmación de la FGR, autoridades estadounidenses o la propia Ana Paty Peralta podría modificar sustancialmente el escenario.

Mientras tanto, el caso coloca a la alcaldesa de Cancún frente a dos presiones simultáneas: una medida migratoria estadounidense cuyas causas permanecen reservadas y diversas líneas de investigación que todavía deben ser acreditadas ante las autoridades mexicanas

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