Jessica Johana Cervantes González, identificada como hija de Nemesio Oseguera Cervantes, solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) cumpla una resolución judicial que ordena levantar el aseguramiento de una vivienda en Tijuana. Sin embargo, la dependencia mantiene su negativa al sostener que el inmueble habría sido adquirido con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene asegurada una propiedad ubicada en la colonia Playas de Tijuana, Baja California, a pesar de que Jessica Johana Cervantes González, conocida también como "La Negra", ha obtenido resoluciones judiciales favorables para recuperar el inmueble.

De acuerdo con el expediente, la vivienda permanece bajo aseguramiento desde julio de 2017. La defensa de Cervantes González sostiene que el amparo 1556/2018 acredita la legalidad de su propiedad y obliga a la autoridad ministerial a levantar la medida cautelar.

¿Por qué la FGR se niega a liberar la propiedad?

Aunque un juez federal concedió el amparo y posteriormente otras resoluciones ratificaron esa protección, la FGR argumenta que el inmueble pudo haber sido adquirido con recursos de procedencia ilícita y que existe riesgo de que el bien sea transferido antes de concluir las investigaciones.

La dependencia sostiene que la propietaria estaría vinculada financieramente con empresas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que no ha demostrado plenamente el origen lícito del dinero utilizado para adquirir la casa. Por ello, insiste en conservar el aseguramiento mientras continúan las actuaciones legales.

Tribunal rechaza recursos promovidos por la Fiscalía

Mientras el litigio continúa, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, desechó uno de los recursos promovidos por la FGR para evitar el cumplimiento del amparo.

Según la resolución, el Ministerio Público federal no acreditó elementos suficientes para modificar la orden judicial que favorece a la propietaria del inmueble. No obstante, la vivienda continúa asegurada debido a que la Fiscalía mantiene su postura jurídica sobre el posible origen ilícito de los recursos.

Los argumentos que sostiene la autoridad federal

La representación ministerial afirma que liberar el inmueble podría afectar las investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero, ya que considera que el bien podría formar parte de un esquema para ocultar recursos provenientes de actividades delictivas.

Además, señala que mantener el aseguramiento permite preservar el estatus jurídico del inmueble y evitar que sea vendido o transferido a terceros, lo que complicaría un eventual decomiso en caso de acreditarse algún delito.

La defensa exige que se cumpla el amparo

Por su parte, la defensa de Jessica Johana Cervantes González sostiene que las resoluciones judiciales ya determinaron que el aseguramiento debe levantarse y acusa a la FGR de incumplir una orden emitida por el Poder Judicial.

Los abogados argumentan que la negativa de la Fiscalía prolonga indebidamente un procedimiento que ha sido revisado en diversas instancias y que las autoridades deben acatar las sentencias federales.

El caso continúa en tribunales

El conflicto permanece abierto mientras ambas partes mantienen posiciones opuestas. Por un lado, la FGR insiste en que existen elementos para considerar que la vivienda está relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por otro, la defensa busca que se ejecute de manera definitiva el amparo y se entregue la posesión del inmueble.

La resolución final del proceso será determinante para establecer el alcance de las medidas cautelares sobre bienes presuntamente vinculados con investigaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.

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