La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los delitos relacionados con el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido en 2009, son imprescriptibles, una resolución que reactiva la posibilidad de investigar y procesar a más exfuncionarios involucrados en una de las tragedias infantiles más graves del país.
El fallo se emitió 17 años después del incendio que dejó 49 niños muertos y 106 heridos, y representa un giro jurídico relevante en torno a la responsabilidad del Estado y la obligación de garantizar justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos.
Un fallo que reabre el caso guardería ABC
La decisión de la SCJN se derivó del análisis de un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien fue detenido en 2020 y acusado de homicidio y lesiones culposas por omisión.
El pleno del máximo tribunal resolvió por unanimidad, bajo el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que el incendio del 5 de junio de 2009 y las omisiones institucionales constituyen graves violaciones a los derechos de la infancia, por lo que no pueden quedar sujetas a plazos de prescripción.
Con esta determinación, la Corte abre la puerta a que el Ministerio Público continúe las investigaciones contra funcionarios que, por acción u omisión, habrían tenido responsabilidad en la tragedia.
Justicia sin caducidad en casos de derechos humanos
Durante la sesión, la ministra ponente subrayó que permitir la prescripción en este tipo de casos implicaría tolerar la impunidad en violaciones graves a derechos humanos.
En su argumentación, sostuvo que la acción penal no puede extinguirse cuando se trata de hechos que involucran a menores de edad y fallas estructurales del Estado en su deber de cuidado.
La resolución marca un precedente relevante en el sistema judicial mexicano al establecer que la búsqueda de justicia en casos de esta magnitud no puede depender del paso del tiempo.
Debate político dentro de la Corte
El fallo también abrió espacio a intervenciones de carácter político. Las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama vincularon el caso con el modelo de subrogación de guarderías impulsado en administraciones anteriores, al que calificaron como parte de un esquema de privatización de servicios públicos.
Ambas señalaron que la tragedia evidenció fallas estructurales derivadas de la reducción del papel del Estado en la prestación de servicios de cuidado infantil, lo que, afirmaron, no debe repetirse en el futuro.
Nuevo impulso judicial al caso
El amparo en revisión 648/2024 fue devuelto al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que deberá emitir una nueva resolución conforme al criterio de la SCJN.
El objetivo será revisar nuevamente los argumentos del exfuncionario del IMSS sobre la prescripción del caso, ahora bajo la premisa de que los delitos relacionados con la guardería ABC no pueden extinguirse legalmente.
Con esta decisión, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate judicial y político en México, más de una década y media después de la tragedia.
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